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Perfil de Montevideo: Las reformas avanzan pese a la COVID-19. (foto: Lucop/iStock de Getty Images)[/caption]
S. Pelin Berkmen, Dmitry Gershenson, Luis Herrera Prada y Jose Torres
(English)
Mientras gestiona la crisis económica y sanitaria, Uruguay ha tomado medidas importantes para resolver problemas macroeconómicos preexistentes y sentar las bases para una economía más resiliente, competitiva y estable.
El hábil manejo de la crisis en conjunto con algunas fortalezas institucionales de larga data (como el sistema de salud público), permitieron mantener el total de infecciones y muertes en niveles relativamente bajos hasta fines del 2020, mitigando los costos económicos y sociales.
Estas circunstancias le dieron al gobierno recientemente electo una ventana de oportunidad para introducir una serie de reformas destinadas a potenciar el crecimiento y el empleo: una mejora significativa del marco de política fiscal; la modernización del régimen de metas de inflación; y la promoción de la competitividad y la inversión privada, aumentando la eficiencia de las empresas públicas, que representan una parte significativa de la economía uruguaya.
Política fiscal para estabilizar la deuda
Para evitar un exceso de gasto en épocas de auge —un problema perenne en Uruguay y en muchos países emergentes— y garantizar la sostenibilidad de la deuda, el gobierno renovó las pautas presupuestarias de mediano plazo. El nuevo marco fiscal tendrá un horizonte de pronóstico continuo de cinco años con actualizaciones más frecuentes (lo cual es muy útil en el contexto actual de elevada incertidumbre); un fondo para contingencias para acumular ahorros; un consejo fiscal (para ofrecer asesoramiento independiente y mejorar la rendición de cuentas); una comisión para avanzar en la reforma pensional (necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo); y una nueva regla fiscal para estabilizar la deuda y promover el ahorro en épocas buenas.
Un nuevo marco monetario
Tras un prolongado período de inflación por encima de la meta, el Banco Central reforzó su marco de política monetaria reafirmando la preponderancia de una baja inflación como su principal objetivo de mediano plazo, resolviendo la contradicción con otros objetivos como el crecimiento y la tasa de cambio. A tal fin, también anunció su intención de reducir el límite superior de la meta de inflación del 7% al 6% para septiembre de 2022.
El Banco Central duplicó la frecuencia de sus reuniones de política monetaria para poder reaccionar con mayor agilidad a los rápidos cambios de las condiciones (algo especialmente importante en un contexto de pandemia) y comenzó a publicar las actas de dichas reuniones para mejorar la transparencia y la comunicación. Por último, reestableció a la tasa de interés como su principal instrumento de política monetaria, reemplazando a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Al ser uno de los países más dolarizados del mundo, Uruguay también renovó el énfasis en la reducción de la dolarización y la promoción del peso.
Aumento de la eficiencia de la economía
Dado que el combustible, el agua y la electricidad son producidos y distribuidos por empresas públicas (que, además, cobran precios relativamente altos según los estándares regionales), Uruguay es un país costoso para hacer negocios. Como parte de una estrategia para mejorar las condiciones para la inversión privada y eliminar costos excesivos, el gobierno propuso una serie de medidas encaminadas a mejorar la regulación de las empresas públicas, fortalecer y aumentar la independencia de los órganos reguladores y reducir gradualmente el precio de los servicios públicos. Además, las autoridades tienen la intención de reformar el sistema educativo a fin de aliviar la alta deserción escolar y el elevado desempleo juvenil, y facilitar la transición hacia nuevos sectores (que impliquen un menor nivel de contacto), que se espera cobren relevancia tras la pandemia.
Un camino difícil por delante
Uruguay enfrenta una serie de dificultades que no son triviales. Las perspectivas a corto plazo están sujetas a riesgos importantes ocasionados por el reciente aumento de casos en la pandemia y el periodo de tiempo que tomará vacunar a toda la población, las condiciones desfavorables a nivel regional y mundial, y algunos cambios estructurales, como la menor participación laboral y la contracción del sector manufacturero. El éxito de las reformas en términos de generación de crecimiento y reducción de los desequilibrios macroeconómicos dependerá de eficacia de las medidas adoptadas, y los detalles siguen en discusión entre las partes interesadas y en el Parlamento.
De cualquier modo, las reformas ya promulgadas o anunciadas —guardan coherencia con las recomendaciones del FMI— constituyen los cimientos para una economía más sólida, resiliente y equitativa. Mejoran la capacidad de respuesta de las políticas fiscal y monetaria ante circunstancias cambiantes, aumentan la responsabilidad de los hacedores de políticas, y establecen anclas de mediano plazo y generan mayor credibilidad, aspectos muy necesarios en épocas de incertidumbre. Como complemento a las fortalezas institucionales ya existentes, estas reformas ayudarán a alinear las políticas macroeconómicas de Uruguay con las mejores prácticas internacionales.
