(Versión en English)
Costa Rica ha logrado avances notables en el plano social, económico y ambiental que la destacan entre el resto de los países de Centroamérica (véase el gráfico 1). El panorama económico vislumbra un crecimiento sólido y un bajo nivel de inflación, en buena medida gracias a la recuperación en Estados Unidos, los precios persistentemente bajos de los productos primarios y las condiciones de financiamiento externo, que siguen siendo favorables.
Se prevé que la economía de Costa Rica tenga un crecimiento económico anual del 4¼% entre 2016 y 2018, que se estabilizaría a un nivel del 4% en el mediano plazo (tasa de crecimiento potencial estimada), en consonancia con el promedio de crecimiento en Centroamérica. Según el pronóstico, la inflación se mantendrá dentro del margen de 2–4% fijado como la nueva meta del Banco Central, la cual será respaldada por la aplicación de una política monetaria prudente.
No obstante, un desafío fundamental para la economía es el deterioro de la situación fiscal. La incapacidad de Costa Rica para revertir las políticas fiscales anticíclicas adoptadas durante la crisis financiera mundial de 2008–09 se ha traducido en fuertes déficits fiscales y un aumento a casi el doble de la relación deuda pública/PIB desde 2008 (42% en 2015). Nuestro informe más reciente sobre Costa Rica advierte que, sin medidas correctivas, la razón de deuda/PIB seguirá aumentando hasta alcanzar un nivel sin precedente para el país (equivalente al 70% del PIB en 2021). Este marcado deterioro de la situación fiscal, no sólo perjudicará las perspectivas de crecimiento económico, sino que también aumentará considerablemente el riesgo de que un cambio abrupto de las condiciones financieras pueda forzar una corrección macroeconómica desordenada en el futuro, y provocar un retroceso del progreso social alcanzado hasta ahora.
Restablecimiento de la salud fiscal
Las autoridades han aprovechado el aumento del ingreso real derivado de las condiciones externas favorables para diseñar una estrategia destinada a restablecer la solidez fiscal. El desafío consiste en administrar este ajuste presupuestario de manera que sea posible proteger el crecimiento y la creación de empleo, sin dejar de lado las necesidades en el plano social. Estos elementos son cruciales para lograr la aprobación del Congreso y asegurar el respaldo de la sociedad en general.
Sin embargo, aun no está claro si la consolidación necesaria para evitar nuevos incrementos de la razón de deuda/PIB sea viable desde el punto de vista político. En nuestro informe se recalca la necesidad imperativa de lograr este objetivo.
- Efectivamente, una consolidación parcial, incluso si conlleva una corrección importante equivalente a alrededor del 2% del PIB (que resultaría si la Asamblea Legislativa no aprobara alguna de las medidas de consolidación propuestas por el gobierno), no bastaría para reducir apreciablemente los riesgos macroeconómicos (véase el gráfico 2). Esta corrección, si bien disminuiría el ritmo de acumulación de deuda, no evitaría que la razón de deuda/PIB siga aumentando a un nivel “peligroso” durante los próximos años (55% en 2021). La experiencia de otros países demuestra que un nivel tan elevado de endeudamiento público aumenta considerablemente el riesgo de una crisis macroeconómica en las economías emergentes.
- Para estabilizar la deuda pública se requiere nada menos que una consolidación integral, basada en una corrección más amplia equivalente al 3¾% del PIB. Las autoridades, que han reconocido esta situación y escuchado los llamamientos de muchas de las partes interesadas, han formulado un programa fiscal centrado en el aumento de los ingresos e importantes medidas destinadas a contener el gasto, que derivarían en su reducción gradual como proporción del PIB. Este esfuerzo integral mantendrá la razón de deuda/PIB en un nivel “seguro” (46% del PIB), lo cual a su vez reforzará los fundamentos de la estabilidad macroeconómica del país y creará las condiciones para el urgente aumento del gasto de capital que mejoraría las perspectivas de crecimiento.
Las autoridades han diseñado una buena estrategia de consolidación. El aumento de los ingresos representa alrededor de las dos terceras partes de la misma, lo cual pondrá el esfuerzo tributario del país más a tono con el de otras economías emergentes. El aumento de los ingresos se logrará mediante reformas para reducir las exenciones, ampliar la base imponible y reducir la evasión. Otras medidas incluyen la aplicación de tasas más altas para los impuestos sobre el valor agregado y la renta personal para los ingresos más altos, protegiendo al mismo tiempo a las familias de menor ingreso. La tercera parte restante de la consolidación se logrará con medidas destinadas a reducir el ritmo de crecimiento de las transferencias corrientes, la masa salarial y las pensiones.
El ajuste gradual —que se prevé iniciar este año— también está bien calibrado. La mitad o dos terceras partes de la corrección deberán ocurrir en 2016 y 2017, y en los siguientes cuatro años se adoptaría el resto de dicha corrección. La continuación de una política monetaria acomodaticia, posibilitada por un ritmo de actividad económica menor al potencial y bajos niveles de inflación, deberá ayudar a contrarrestar los impactos nocivos de la corrección fiscal en el producto y el empleo durante el período de 2016–17. Para asegurar la disciplina fiscal en el largo plazo, las autoridades han propuesto la adopción de varias medidas para controlar la expansión del empleo público, introducir normas de responsabilidad fiscal y fortalecer gradualmente la situación financiera del sistema de pensiones.
En nuestro informe se destaca también que la consolidación fiscal debe traer aparejadas otras medidas para aumentar la capacidad de reacción de la economía frente a los choques y facilitar un crecimiento más equitativo. Esto deberá incluir medidas destinadas a fortalecer el marco de política monetaria (por ejemplo, para aumentar la flexibilidad cambiaria), proteger mejor el sector financiero mediante la adopción de políticas macroprudenciales, y promover la competitividad de la economía.
Las autoridades ya han presentado la mayoría de estas reformas fiscales a la Asamblea Legislativa. Para evitar que se alcancen niveles de deuda excesivos, los legisladores deben actuar sin demora, preservando los elementos fundamentales de la estrategia. A este respecto, los meses que siguen serán cruciales para Costa Rica. Los partidos políticos, sindicatos y principales interesados deben colaborar a fin de garantizar la aprobación de la estrategia de consolidación en su totalidad para reducir de manera decisiva los riesgos económicos para el país.
