Deben mejorarse los acuerdos internacionales para rescatar a los países del sobreendeudamiento

La acumulación de deuda en las economías en desarrollo es una preocupación creciente. Algunos países, como Sri Lanka y Zambia, ya han declarado que no pueden atender el servicio de su deuda y han solicitado asistencia internacional. Muchos otros se enfrentan a onerosas obligaciones en concepto de servicio de la deuda que ascienden a varios puntos porcentuales de su PIB.

La deuda es una bendición y una maldición. Permite que las economías en desarrollo con perspectivas prometedoras puedan financiar las inversiones en carreteras, escuelas, hospitales y otros ámbitos necesarios para convertir esas perspectivas en realidad. Cuando el rendimiento de la inversión es tan alto como se espera, los países pueden atender el servicio de su deuda. Así fue el caso de Corea en la década de 1960.

En aquel entonces, Corea era un país pobre con una baja tasa de ahorro, inferior al 10%. Se endeudó por aproximadamente un 10% de su PIB anual, pero el rápido crecimiento de su economía generó rendimientos de la inversión tan altos que su coeficiente del servicio de la deuda en realidad cayó. Con el tiempo, su tasa de ahorro interno creció de forma que pudo sostener el fuerte crecimiento impulsado por la inversión sin tener que recurrir a deuda externa. En la actualidad, Corea se encuentra entre los países más ricos del mundo.

Sin embargo, la deuda puede convertirse en un problema cuando se utiliza para financiar el consumo corriente o las inversiones mal concebidas. Cuando la inversión no reporta beneficios, el país prestatario se empobrece porque aun así tiene que pagar los préstamos que obtuvo para financiarla. La probabilidad de que más endeudamiento genere rendimientos más altos suele fallar, ya que la creciente inquietud sobre la solvencia eleva las tasas de interés. Si las perspectivas económicas del prestatario empeoran, los acreedores pueden negarse a refinanciar la deuda. Y de hecho lo hacen.

Una serie de riesgos

Al decidir si conceder crédito adicional a una economía en desarrollo, los prestamistas deben sopesar una serie de riesgos, desde las políticas y perspectivas macroeconómicas de un país hasta las posibles oscilaciones de los precios de sus principales exportaciones de materias primas. En ocasiones, las promesas de reforma de políticas por parte de un gobierno en funciones o entrante —quizás en combinación con un programa del FMI— pueden convencer a los prestamistas de que el país restablecerá su solvencia. En esos casos, los prestamistas suelen acordar el refinanciamiento de la deuda próxima a vencer.

Pero, cuando los resultados de las políticas públicas son deficientes y los políticos se niegan a cambiar el rumbo, es probable que los prestamistas insistan en el reembolso de la deuda al momento de su vencimiento. El resultado es una crisis de deuda. Las presiones sobre la balanza de pagos pueden ser tan agudas que el prestatario ni siquiera puede pagar las importaciones de bienes y servicios esenciales.

Así ocurrió en Sri Lanka en 2021. Cuando estalló la crisis, el país solo podía permitirse importar productos esenciales, como alimentos y combustibles. Los autobuses dejaron de circular, y la gente no podía ir a trabajar. Muchas fábricas no podían obtener materias primas, bienes intermedios o piezas de repuesto. Eran habituales los cortes de electricidad prolongados. La actividad económica cayó bruscamente, un 7,8% en 2022 y otro 3,8% en 2023. Las tiendas de comestibles se vaciaron de artículos de primera necesidad. La inflación se disparó.

Debían suceder tres cosas para que Sri Lanka reconstruyera su credibilidad y sentara las bases de la recuperación y el crecimiento sostenible. En primer lugar, el país necesitaba una fuente de divisas para adquirir importaciones esenciales y volver a poner en funcionamiento las centrales eléctricas, las fábricas, el transporte y otros servicios esenciales. En segundo lugar, debía reestructurar su deuda de forma que los prestamistas estuvieran seguros de que recibirían el pago. Y, en tercer lugar, necesitaba una reforma de políticas internas.

Es posible que las divisas hubieran supuesto cierto alivio a corto plazo, aun sin una reforma de las políticas. Pero Sri Lanka no hubiera recibido financiamiento privado para sus importaciones hasta no tener resuelto el problema de la insostenibilidad de su endeudamiento. La situación llegó a ser tan grave que los manifestantes derrocaron al gobierno. Las reformas de las políticas solo pudieron llevarse a cabo cuando un nuevo presidente asumió el cargo en 2024.

Los políticos suelen ser prudentes a la hora de aplicar reformas que probablemente se toparán con una fuerte resistencia política. Sin embargo, debe elegirse entre la agonía a corto plazo o dejar que la situación empeore y cause aún más sufrimiento a largo plazo. El gran riesgo es que las reformas se queden cortas y fracasen. Entonces se culpa injustamente a quienes las aplican.

El FMI cumple una función de respaldo en la resolución de problemas como el de Sri Lanka. Es la institución responsable de salvaguardar el sistema monetario internacional. Su principal fortaleza es la capacidad de evaluar la situación macroeconómica de un país. El FMI cuenta con recursos financieros que puede prestar (normalmente por no más de tres a cinco años) para apoyar a los países en dificultades. No obstante, los estatutos del FMI establecen que solo puede hacerlo cuando existen garantías razonables de que el prestatario podrá atender el servicio del préstamo. Las autoridades de Sri Lanka y el FMI acordaron un programa de reformas. Sin embargo, Sri Lanka también tuvo que reestructurar su deuda para hacer frente a los atrasos y recuperar el acceso a los mercados internacionales.

Acreedores disidentes

En el pasado, cuando un país se encontraba en serias dificultades, los acreedores soberanos se reunían en el marco del Club de París. Hablarían de un programa para restaurar el crecimiento y la solvencia que las autoridades del país y el FMI ya habían acordado. También se reunían los acreedores privados. Se consultaba al FMI cuando el país y sus acreedores negociaban ajustes al servicio de la deuda, a menudo una “quita” (una reducción en el valor nominal de la deuda pendiente) y posiblemente una pausa en los pagos. Una vez que todas las partes estaban de acuerdo con el plan de reestructuración, el FMI otorgaría un préstamo (a menudo en combinación con nuevos préstamos de acreedores soberanos bilaterales).

Sin embargo, en la última década, China se ha convertido en un acreedor soberano importante, que ha optado por permanecer fuera del Club de París. Si bien en muchos casos ha otorgado alivio de la deuda, no cuenta con procesos internos completos que permitan contemplar quitas y solo ha otorgado a sus prestamistas una capacidad limitada para reprogramar los pagos del servicio de la deuda.

Sri Lanka fue uno de los primeros países que teniendo a China como gran acreedor llegó al punto en el que su deuda resultó insostenible. Fueron necesarios casi dos años para que el resto de la comunidad internacional llegara a un acuerdo que fuera satisfactorio para China y, como resultado, el programa del FMI se aplazó casi un año. Esto prolongó la agonía de los habitantes de Sri Lanka.

Es evidente que no puede esperarse que el FMI conceda un préstamo cuando los acreedores y prestamistas privados sospechan que sus préstamos se utilizarán para financiar el servicio de la deuda a un acreedor que no acepta el plan de reestructuración. En el caso de Sri Lanka, ningún acreedor estaba dispuesto a reestructurar la deuda, por lo que el FMI no pudo resolver los problemas del país. Al mismo tiempo, el aplazamiento de la reestructuración de la deuda mientras se esperaba la decisión del acreedor disidente hizo que se acumulara presión sobre un país ya golpeado por la crisis, lo cual retrasó la recuperación económica.

Una mejor manera

Debemos encontrar una mejor manera de abordar el problema del endeudamiento de las economías en desarrollo. Como mínimo, los países en crisis deben poder establecer un plan de reestructuración con el FMI, el Club de París y otros acreedores. Debe alcanzarse un acuerdo más sólido (más allá de los incentivos de la política del FMI de concesión de préstamos a países con atrasos) según el cual un acreedor soberano disidente no recibirá pagos de servicio de la deuda hasta que acepte las mismas condiciones que los demás acreedores. Mejor aún sería que China se uniera al Club de París.

Lo ideal sería que mediante un acuerdo internacional se estableciera un procedimiento y un tribunal donde tanto acreedores como deudores pudieran presentar sus reclamos. El tribunal podría pronunciarse por un acuerdo que permita reanudar la actividad económica normal y el crecimiento sostenible y que, dadas las circunstancias, brinde una solución lo más justa posible para los acreedores. Como los problemas de deuda son cada vez mayores, ha llegado la hora de reformar los acuerdos existentes.

ANNE O. KRUEGER es investigadora principal en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins y profesora emérita de la cátedra Caroline Ritch de Ciencias y Humanidades en el Departamento de Economía de la Universidad de Stanford. Fue economista jefe del Banco Mundial y primera subdirectora gerente del FMI.

Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.