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Por Tobias Adrian y Aditya Narain
Sector bancario sano, economía sana, nos dicen. Los bancos son una pieza esencial de la vida económica —tanto para los consumidores particulares como para la economía en general—, y la solidez y la estabilidad del sistema bancario son cuestiones de interés público.
Forma parte de la labor de los supervisores identificar los posibles puntos débiles del sistema y adoptar sin demora medidas correctivas. Para hacerlo, deben gozar de libertad y flexibilidad. Esa lección caló hondo en el mundo durante la crisis financiera mundial . La independencia operativa impide que los supervisores puedan ser “cazados”, ya sea por los sectores que monitorean, ya sea por agentes políticos que persiguen sus propios intereses; sin embargo, un número excesivo de autoridades económicas no se atuvieron a las normas durante el período previo a la crisis.
A partir de la crisis, la independencia operativa pasó a ser una prioridad máxima. Por ejemplo, en su informe de 2010 sobre el refuerzo de la supervisión, el Consejo de Estabilidad Financiera señalaba que la independencia operativa de los organismos de supervisión es “indispensable para garantizar la eficacia de la supervisión”. Dicho informe subrayaba la importancia particular de la independencia a medida que los mandatos de los organismos de supervisión iban ampliándose para incluir la potestad de adoptar medidas anticíclicas (y tal vez impopulares), como por ejemplo imponer normas de evaluación de créditos más conservadoras durante los períodos de auge, o aumentar los requerimientos de capital.
Importancia mundial
La firme supervisión de las instituciones financieras de importancia sistémica resulta particularmente difícil debido al tamaño, complejidad e influencia de las mismas. Sin embargo, de ella depende la estabilidad financiera mundial.
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lo confirmó al otorgar mayor importancia a este tema en la revisión de 2012 de sus Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz. Actualmente, las normas exigen la independencia operativa de los organismos supervisores, transparencia en los procedimientos, un buen gobierno, protección jurídica y sólidos procedimientos presupuestarios. Cabe señalar que las normas también requieren la existencia de leyes que estipulen las responsabilidades y objetivos de los organismos de supervisión, además de obligar a publicar dichos objetivos y a que las autoridades de supervisión rindan cuentas a través de un marco transparente.
En resumen: Primero hay que dar a los supervisores un mandato inequívoco y dotarlos de los recursos adecuados y sólidas estructuras de gobierno; después, deberán rendir cuentas del desempeño de su misión. Aun así, el FMI y el Banco Mundial han observado que los avances en materia de independencia y recursos eran los más flojos de los 29 Principios Básicos de Basilea, a tal punto que ningún país cumple del todo con los requerimientos.
Lamentablemente, en los años posteriores a la revisión de los Principios Básicos, su cumplimiento no ha mejorado. Las principales carencias siguen siendo la débil gobernanza y la falta de idoneidad de los recursos humanos y presupuestarios, que abren la puerta a influencias y presiones externas. Esto sucede independientemente de que la función de supervisión esté dentro o fuera del banco central.
Todos los países —no solo las economías de mercados emergentes, donde la capacidad institucional puede estar todavía en desarrollo, sino también las economías avanzadas— están expuestos a esta clase de problemas. Los informes de evaluación del sector financiero elaborados conjuntamente por el FMI y el Banco Mundial suelen identificar la probabilidad de que los gobiernos interfieran en las decisiones prudenciales de las autoridades de supervisión bancaria. En países en los que las instituciones financieras públicas tienen una posición dominante, es fundamental mantener la integridad de las decisiones prudenciales.
Buscando el equilibrio
Es evidente que la independencia operativa no puede ser ilimitada y que los supervisores deben rendir cuentas de sus actos u omisiones. No obstante, debilitar el marco regulador, ya sea relajando la supervisión o no adoptando medidas correctivas cuando existen vulnerabilidades, va en contra del mandato mismo de las autoridades de supervisión bancaria.
Los políticos y el sector financiero deben dejar que los supervisores bancarios hagan su trabajo, dotándolos de recursos adecuados para garantizar la seguridad y la solvencia del sistema financiero y obligándolos a rendir cuentas del desempeño de sus deberes prudenciales. En los países donde un sector o industria determinados requieren una atención especial, las autoridades económicas deben apoyarlos a través de recursos presupuestarios, teniendo cuidado de no generar distorsiones en los mercados, no debilitar los regímenes prudenciales ni favorecer a las instituciones débiles.
Desmantelar un régimen regulador o demoler una cultura de supervisión resulta fácil, pero reconstruir una estructura reguladora sólida es un proceso largo, durante el cual el sistema financiero de un país puede verse expuesto a riesgos graves. Una década después de que el lapsus de supervisión contribuyese a generar la crisis financiera más dolorosa del siglo, las autoridades económicas deben renovar su compromiso con una estructura de supervisión atenta, independiente y responsable.
