Contra la corrupción, claridad
18 de septiembre de 2017
Introducción
Gracias, Norm, por sus amables palabras al presentarme y por organizar el foro de hoy. Gracias también a la Brookings Institution, a la CFI y al Partnership for Transparency Fund —y, en especial, a Frank Vogl— por servir de anfitrión de este importante encuentro.
Crick, Ngozi, Hans Peter: no me cabe la menor duda de que nuestra charla será interesantísima.
Acabo de hacer referencia a la importancia de este encuentro. ¿Por qué? Porque para atacar la corrupción tenemos que reconocer el problema tal como es y medir su impacto con la mayor precisión posible. Por esa razón, esta asamblea de autoridades, dirigentes empresariales y expertos de la sociedad civil es un buen paso.
Al hablar de la corrupción, siempre tengo en mente ese famoso momento de Casablanca en que el capitán Renault clausura el casino que opera Rick en su café. Renault exclama “¡Es un escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!”, lo cual no le impide echarse antes al bolsillo su tajada de las ganancias.
Nadie aquí se escandaliza: todos sabemos que la corrupción constituye un problema y estamos intentando hacer algo al respecto. Ese es el motivo que nos ha congregado.
Desearía comenzar abordando tres preguntas que nos llegan con frecuencia en torno al FMI y la lucha contra la corrupción. Primero, ¿cómo define el FMI la corrupción? Segundo, ¿por qué participa el FMI en la lucha contra la corrupción? Y tercero, ¿qué más puede hacer el FMI para ayudar a los miembros en este ámbito?
1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrupción?
Al igual que otros organismos internacionales, el FMI define la corrupción pública como “el abuso de la función pública para beneficio propio”.
Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Todos sabemos que la corrupción es un problema complejo en el que participan múltiples actores que operan en la clandestinidad.
Pensemos, por ejemplo, en un soborno pagado en una industria extractiva.
Efectivamente, un funcionario local puede exigir una dádiva o un ministro puede hacer la vista gorda, pero ¿qué pasa con la empresa que paga el soborno? Seguramente participa también en la operación ilícita.
Después de todo, por cada soborno aceptado tiene que haber alguien que lo ofrezca.
Por esa razón, al ayudar a los países miembros a luchar contra la corrupción pública también estamos comprometidos a poner la mirada en los agentes privados transnacionales que influyen en los funcionarios públicos. Los agentes privados pueden ayudar a generar corrupción a través de medios directos como el soborno, pero también pueden facilitarla a través de medios indirectos, como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El ejemplo reciente de los “papeles de Panamá” pone de relieve la importancia de estos facilitadores y el lado pernicioso y sigiloso de la corrupción al atravesar las fronteras.
En otras palabras, para ser eficaz, nuestro enfoque debe reconocer las realidades prácticas del problema y procurar individualizar las numerosas dimensiones de la corrupción.
2. ¿Por qué se aboca el FMI al problema? ¿Y por qué ahora?
Eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué se le ha pedido al FMI que participe más activamente en la lucha contra la corrupción, y por qué ahora? La respuesta es que los países miembros están de acuerdo cada vez más en que la corrupción es una cuestión crítica a nivel macroeconómico.
Gracias a la labor que llevan a cabo algunos de los presentes en esta sala, está claro que la corrupción sistémica les resta a los Estados capacidad para generar un crecimiento inclusivo y reducir la pobreza. La corrupción es una fuerza corrosiva que desvitaliza el sector empresarial y atrofia el potencial económico nacional.
El costo anual del soborno —que es solo una de las manifestaciones de la corrupción— está estimado entre 1,5 y 2 billones de dólares; es decir, aproximadamente 2% del PIB mundial [1] . Estos costos no son más que la punta del iceberg; el impacto a largo plazo es mucho más profundo.
Piensen en un gobierno que gasta fondos públicos para construir un centro de convenciones deslumbrante pero innecesario, cuyo verdadero propósito es generar coimas.
Al año de arrancar las obras, resulta que los fondos destinados a servicios sociales ya no están a disposición de los beneficiarios originales.
Con el correr del tiempo, el dinero desviado de fines educativos o sanitarios perpetúa la desigualdad y limita la posibilidad de acceder a un trabajo mejor remunerado y de mejorar el nivel de vida.
A medida que este tipo de corrupción se institucionaliza, la desconfianza respecto del gobierno se arraiga e impide que una nación pueda atraer inversión extranjera directa.
El resultado es un círculo vicioso que es difícil de quebrar.
Los mileniales sienten esta realidad en carne propia. Según una encuesta reciente, los jóvenes piensan que la corrupción –no el empleo ni la falta de formación– es la inquietud más apremiante en sus propios países [2] .
Se trata de una reflexión sagaz, ya que la corrupción es la causa de muchas de las injusticias económicas que los y las jóvenes viven día a día.
Hay otra verdad que la juventud reconoce: la corrupción no está limitada a un tipo de país o de economía, sino que puede afectar a todas las naciones. Desde la malversación de fondos hasta el nepotismo y el financiamiento del terrorismo, los nefastos tentáculos de la corrupción pueden adoptar distintas formas, según el entorno que la incuba.
Eso me lleva a mi última pregunta y al punto de partida de nuestra conversación. ¿Qué hemos hecho ya y qué más puede hacer el FMI para ayudar a los países miembros a luchar contra todos los tipos de corrupción?
3. ¿Qué puede hacer el FMI?
La lucha contra la corrupción forma parte de la labor que desempeña el FMI desde hace mucho tiempo. El mes pasado, el Directorio Ejecutivo hizo un balance de situación y se comprometió a enfrentar el problema de manera aún más directa. [3]
El Directorio convino en que nuestros miembros se beneficiarían de un asesoramiento más detallado y de una evaluación franca e imparcial del impacto económico de la corrupción.
Para alcanzar esa meta, se necesitan nuevas metodologías que permitan cuantificar y analizar mejor el problema. Por eso me complace saber que el encuentro de hoy marca el lanzamiento de dos iniciativas de estudios sobre la lucha contra la corrupción dirigidas por la Brookings Institution, la CFI y sus socios.
No tengo duda de que el FMI se beneficiará de esos estudios, y confío en que nuestra experiencia también les resulte útil. Permítanme reseñarla.
Nuestra labor, como la de ustedes, comienza con iniciativas encaminadas a promover la transparencia y la rendición de cuentas. Como dijo Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema estadounidense, “la luz del sol es el mejor desinfectante”.
En Gabón, por ejemplo, tras consultar a nuestro personal técnico, el gobierno se comprometió a publicar datos sobre todas las grandes inversiones públicas en el presupuesto del próximo ejercicio. Para 2020, la ley presupuestaria esbozará los riesgos financieros asociados a todas las empresas públicas, incluidas las del sector extractivo.
Ese trabajo va de la mano de la reforma regulatoria y del fortalecimiento de las instituciones jurídicas.
La reforma regulatoria no significa necesariamente desregulación, sino más bien racionalización para reducir la cantidad de ‘vigilantes’ que están a cargo de permisos, honorarios y contratos.
En el ámbito jurídico, las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes —la fuerza policial, la magistratura, el Poder Judicial— son a menudo focos de corrupción.
En Ucrania, por ejemplo, el gobierno invitó al FMI a colaborar en un estudio exhaustivo de la corrupción a nivel nacional. El informe resultante condujo a una serie de reformas, como la creación de una oficina nacional de lucha contra la corrupción.
Estas reformas no son sino un primer paso. Los investigadores necesitan más autoridad para perseguir a los sospechosos de delitos y los procuradores deben estar facultados para presentar cargos ante un tribunal.
La situación de Ucrania pone de relieve el reto más amplio: para lograr resultados perdurables, los organismos internacionales, la sociedad civil y los dirigentes políticos deben actuar en forma conjunta. Y debemos aceptar con realismo cuánto tardaremos en avanzar. Ni la cultura ni las costumbres –buenas o malas– cambian de la noche a la mañana.
Como la corrupción a menudo está oculta y es difícil de medir, las políticas nuevas pueden tardar años en dar fruto. Entre tanto, algunos gobiernos son renuentes a plantarse siquiera ante el problema porque ven la corrupción como un problema político, no económico. Pero esa no es una razón para quedarse cruzado de brazos.
Creo que el FMI puede ser fiel a su mandato únicamente si habla de la corrupción con claridad y pone todas sus herramientas a disposición de los países miembros. El compromiso que asumo antes ustedes en el día de hoy es que el FMI puede hacer más y lo hará en los días venideros.
Conclusión
Para concluir, permítanme volver a las imágenes de Casablanca. Y no, no los voy a invitar a ponerse de pie y entonar La Marsellesa, por más que me tiente la idea.
Como dije al comenzar, este es un encuentro importante. Y no lo dije por cortesía a los organizadores. Un esfuerzo internacional concertado por poner fin a la corrupción puede transformar el mundo en un lugar más próspero y mejorar las vidas de los ciudadanos.
Parafraseando a Humphrey Bogart, ¡creo que este es el comienzo de una gran conversación!
Muchas gracias.
[1] Mayo de 2016. Corruption: Costs and Mitigating Strategies . Serie IMF Staff Discussion Notes (16/05)
[3] The Role of the Fund in Governance Issues (agosto de 2017)
Departamento de Comunicaciones del FMI
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