Nota de información pública No. No. 13/25

Nota de información al público: El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Costa Rica correspondiente a 2012

1 de marzo de 2013

El 22 de febrero de 2013, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Costa Rica¹.

Antecedentes

La economía costarricense ha demostrado su capacidad de hacer frente a los shocks desfavorables de los últimos años. Políticas proactivas, respaldadas por un Acuerdo Stand-by precautorio de acceso elevado con el FMI (que finalizó a mediados de 2010), ayudaron a Costa Rica a mantener la estabilidad macroeconómica y financiera y mitigar los efectos de la crisis financiera mundial de 2008-09. Tras caer 1 por ciento en 2009, el producto interno bruto (PIB) se recuperó con rapidez. El PIB real creció a un ritmo promedio de 4½ por ciento por año en 2010-12, en tanto que la inflación se mantuvo dentro del rango meta oficial de 4-6 por ciento.

Un aumento sustancial de las entradas de capital compensó holgadamente el ligero aumento del déficit en cuenta corriente (estimado en alrededor de 5½ por ciento del PIB en 2012). El superávit resultante de la balanza de pagos generó una fuerte presión de apreciación de la moneda local. Las reservas internacionales netas subieron a US$6.900 millones a fines de 2012 (de US$4.800 millones a fines de 2011) como resultado de las compras de divisas por parte del banco central y la colocación de un bono del gobierno por US$1.000 millones en los mercados internacionales de capitales a fines de 2012. A pesar de ello, la competitividad, que se deterioró significativamente en los últimos años, puede plantear un riesgo para la estabilidad externa a largo plazo. Para que esta tendencia se revierta, es necesario promover la productividad, mejorar la sostenibilidad fiscal y mantiener políticas monetarias y cambiarias prudentes.

El déficit global del sector público se mantuvo, en términos generales, sin cambios en aproximadamente 4½por ciento del PIB en 2012. Los esfuerzos por contener el aumento del gasto y reforzar la administración tributaria continuaron, en tanto que una ambiciosa reforma tributaria aprobada por el Congreso fue anulada por la Sala Constitucional debido a vicios de procedimiento. La deuda del sector público consolidado aumentó a 38 por ciento del PIB a fines de 2012, en comparación con 27 por ciento del PIB a fines de 2008. Las autoridades están preparando un plan de consolidación fiscal que será debatido con todos los sectores de la sociedad. Una vez logrado el consenso, el plan sería presentado al Congreso, con la expectativa de que reciba aprobación antes de que asuma el próximo gobierno en mayo de 2014.

Los indicadores del sector financiero continúan demostrando solidez, con niveles adecuados de liquidez y capitalización. Aunque las autoridades mantuvieron sin cambios la tasa de política monetaria, otras tasas de interés experimentaron un incremento significativo, sobre todo durante el primer semestre de 2012. Las condiciones financieras comenzaron a distenderse hacia fines de año. El crédito al sector privado aumentó un 13 por ciento en términos nominales, con un crecimiento más marcado en el segmento denominado en moneda extranjera.

Se prevé que el crecimiento del PIB real se modere de alrededor de 5 por ciento en 2012 a alrededor de 4¼ por ciento en 2013 y que alcance su tasa potencial estimada en 4½ por ciento a mediano plazo. En ausencia de consolidación fiscal, la inflación se mantendría en alrededor de 5 por ciento —por encima de la de los socios comerciales—, y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentaría a aproximadamente 6 por ciento del PIB hacia 2018.

En términos generales, las perspectivas económicas son positivas, pero existen riesgos provenientes de incertidumbres externas y retos de política interna. Las principales fuentes de riesgo externo son un crecimiento más débil de lo previsto en Estados Unidos, un shock financiero mundial y un aumento de los precios mundiales del petróleo. También plantearía riesgos la reanudación de la entrada de grandes volúmenes de capitales privados, que exigiría una combinación de políticas fiscales y monetarias más restrictivas y la flexibilización del tipo de cambio para evitar el sobrecalentamiento de la economía. Por último, la ausencia de consolidación fiscal conduciría a un aumento sostenido de la deuda pública, lo cual exacerbaría vulnerabilidades y podría erosionar los cimientos de la estabilidad macroeconómica.

Evaluación del Directorio Ejecutivo

Los directores manifestaron su satisfacción ante la vigorosa recuperación económica de Costa Rica desde la crisis financiera mundial y las perspectivas continuamente favorables de crecimiento. A la luz de los riesgos que plantean los retos externos e internos, los directores recalcaron que las políticas deben estar orientadas a mantener la estabilidad macroeconómica, reducir vulnerabilidades e impulsar el potencial de crecimiento de la economía y la competitividad.

Los directores resaltaron la importancia de preservar la sostenibilidad fiscal y felicitaron a las autoridades por los esfuerzos encaminados a incrementar el ingreso y contener el gasto. Sin embargo, se necesitarán otras medidas para reducir los elevados déficits y la relación deuda pública/PIB. En ese sentido, los directores celebraron la intención de las autoridades de volver a presentar al Congreso una propuesta de reforma tributaria que apunte a ampliar la base imponible, reducir las exenciones impositivas y fortalecer la administración de la recaudación, con miras a que se apruebe para mayo de 2014, cuando entre en funciones un nuevo gobierno. Los directores también hicieron hincapié en la importancia de mantener bajo control el gasto corriente, especialmente en transferencias y sueldos del sector público, y de mejorar la calidad del gasto social. También debería ser prioritario fortalecer el sistema de pensiones.

Los directores reconocieron que la tendencia fiscal actual es insostenible a largo plazo y, por ende, aplaudieron el compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal. La mayor parte de los directores coincidieron en que un ajuste moderadamente concentrado en el período inicial permitiría alcanzar un equilibrio apropiado entre la necesidad de resolver los retos fiscales de Costa Rica y el objetivo de mantener un crecimiento pujante. Algunos directores opinaron que, a la luz de la situación política, es necesario plantearse la posibilidad de ajustes que no hagan peligrar el éxito del modelo socioeconómico costarricense.

Los directores felicitaron a las autoridades por reforzar el marco monetario y reducir la inflación a un solo dígito. Sin embargo, dados los riesgos que plantean la rigidez del régimen cambiario y las entradas contínuas de capital, recomendaron medidas adicionales para modernizar el marco de la política monetaria y cambiaria. Los directores tomaron nota de la inquietud de las autoridades en torno a la flexibilidad cambiaria, pero recomendaron en términos generales incrementarla, lo cual permitiría utilizar en mayor medida el tipo de cambio como mecanismo amortiguador. En general, los directores también consideraron conveniente fijar una meta de inflación como ancla de la política monetaria para proteger la estabilidad macroeconómica. Asimismo, opinaron que la implementación de políticas fiscales y monetarias adecuadas podría ser complementada, durante un período limitado, por medidas de gestión de flujos de capital, pero estas últimas no deberían sustituir ajustes macroeconómicos necesarios.

Los directores recomendaron afianzar la supervisión y las regulaciones prudenciales del sistema financiero, y subrayaron la importancia de implementar las recomendaciones pendientes de la actualización del Programa de Evaluación del Sistema Financiero de 2008. También recalcaron que la plena implementación de la supervisión basada en riesgos y la adopción gradual de las normas de capital y liquidez de Basilea III reforzarían más la estabilidad del sector financiero.

Los directores alentaron a las autoridades a continuar avanzando la agenda de reformas estructurales con el objeto de elevar el crecimiento potencial de la economía y estimular la competitividad. En este sentido, invertir en infraestructura y racionalizar la regulación de las empresas deberían ser prioridades clave.