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(foto: alvarez/iStock by Getty Images)[/caption]
A lo largo de la próxima década, será necesario recortar las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 25-50% para alcanzar la meta del Acuerdo de París de 2015 que apunta a contener el calentamiento atmosférico en 1,5-2°C.
Estados Unidos pretende colaborar. Su plan climático lo compromete a alcanzar la neutralidad del carbono para 2050, con una meta de emisiones en 2030 que se anunciará en el futuro próximo.
El plan contempla normas sobre emisiones energéticas más estrictas, subsidios a las tecnologías limpias y un financiamiento público de USD 2 billones a lo largo de 10 años para infraestructura energética limpia y tecnologías críticas, como el hidrógeno verde.
El plan es un excelente comienzo. Nuestro nuevo estudio pone de relieve las medidas fiscales concretas que ayudarían a reducir las emisiones y ampliar el respaldo a favor de políticas de lucha contra el cambio climático. 
Argumentos a favor de la tarificación del carbono
Tomemos, por ejemplo, la aplicación de un cargo al carbono. Un plan nacional que fijara el precio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) —por ejemplo, un impuesto sobre el carbono— reduciría sustancialmente los costos económicos de alcanzar las metas de emisión. El impuesto encarecería la electricidad y los combustibles que requieren mucho carbono y crearía incentivos para reducir el uso de energía y adoptar combustibles más limpios en todos los sectores. A la vez, contribuiría a estimular la inversión en tecnología limpia. La tarificación del carbono también moviliza los ingresos fiscales, reduce la cantidad de muertes atribuibles a la contaminación atmosférica local y es sencilla de administrar. El gobierno podría integrar los cargos al carbono en los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel, por ejemplo, y hacerlos extensivos al carbón, el gas natural y otros derivados del petróleo.
Esa política sería sumamente eficaz a la hora de recortar las emisiones. Por ejemplo, si el impuesto sobre el carbono aumentara a USD 50 por tonelada para 2030, las emisiones de CO2 disminuirían 22% en Estados Unidos. Además, los ingresos fiscales subirían alrededor de 0,7% del PIB por año.
La tarificación del carbono está cobrando impulso en el mundo entero. En los últimos tiempos, China, Corea y Alemania han puesto en marcha mecanismos de comercio de derechos de emisión, en tanto que Canadá incrementará el precio del carbono a USD 135 para 2030. La oposición a la tarificación en Estados Unidos sigue siendo firme —nueve proyectos de ley sobre el carbono han quedado estancados en el Congreso desde 2018— pero hay estrategias para promover el apoyo.
Un factor delicado crítico es el posible impacto en los precios de la energía: un impuesto sobre el carbono de USD 50 haría subir el precio futuro de la gasolina, la electricidad y el gas natural en 15, 40 y 100%, respectivamente. La carga resultante en los hogares es inicialmente regresiva: representa 1,6% del consumo de las personas que ocupan la quinta parte más baja de los ingresos, pero solo 0,9% de los que ocupan la quinta parte más alta. Ahora bien, eso es lo que ocurre antes de utilizar la renta fiscal que genere el impuesto para compensar a los más afectados por la medida: para compensar a las personas que perciben el 40% más bajo del ingreso, se necesitaría solo 25% de la renta fiscal. El resto se canalizaría hacia otras inversiones productivas, como el gasto en infraestructura limpia o el recorte de engorrosos impuestos sobre el empleo.
Protección de la competitividad
El plan climático también propone un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono. Ciertos bienes que requieren emisiones de carbono intensivas y que se importan de países sin una tarificación del carbono parecida a la de Estados Unidos tendrían que pagar un recargo para compensar la diferencia. Por el contrario, un producto fabricado en Estados Unidos y exportado a ese país podría beneficiarse de un reintegro equivalente al cargo asociado a su huella de carbono. La Unión Europea ha adoptado este mecanismo y otros países lo están estudiando. Si Estados Unidos aplicara tarifas a las emisiones de carbono, el ajuste en frontera por emisiones de carbono podría proteger la competitividad de los productores nacionales de acero, aluminio y otros productos que consumen mucha energía, al menos hasta que los países coordinaran la tarificación.
Sea cual fuere la estrategia de mitigación de las emisiones, la transición a la energía limpia ofrecería numerosas oportunidades en sectores como la tecnología y la energía renovable, y al mismo tiempo perjudicaría a algunas industrias: se necesitarán medidas para brindar asistencia a los trabajadores y las regiones vulnerables en estos sectores.
Reforzar los incentivos a nivel sectorial
Mientras la tarificación del carbono siga estando limitada por factores políticos o de otra índole, habrá que reforzarla con otros instrumentos. Una alternativa prometedora son las tasas ecológicas, que se imponen a los productos o actividades con elevados niveles de emisión de CO2 y ofrecen un reintegro a los que producen niveles bajos.
Por ejemplo, una tasa ecológica para el transporte aplicaría a los vehículos nuevos un impuesto igual al producto de un precio del carbono, la diferencia entre las emisiones del vehículo por kilómetro y el promedio de la flota, y el kilometraje promedio de un vehículo durante su vida útil. Una tasa ecológica con un precio virtual de USD 200 por tonelada de CO2 generaría un subsidio de USD 5.000 para los vehículos eléctricos y un recargo de USD 1.200 para un vehículo con una economía de combustible de 7,84 l/100 km. Los subsidios para los vehículos limpios disminuirían (y los impuestos sobre los automotores con elevadas emisiones subirían) a medida que la tasa promedio de emisión descendiera con el correr del tiempo. Se podrían lanzar mecanismos parecidos en otros sectores, como la generación de electricidad, la industria, la construcción, la silvicultura y la agricultura.
Una combinación de tasas ecológicas podría resultar más aceptable que la tarificación del carbono, ya que evitaría una fuerte subida de los precios de la energía (porque los ingresos fiscales derivados de los impuestos sobre el carbono no repercutirían en el precio de la energía). Al mismo tiempo, no promovería algunas de las respuestas de la tarificación del carbono del lado de la demanda: por ejemplo, a diferencia de una tributación más onerosa de los combustibles, las tasas ecológicas no alientan a los conductores a usar menos los vehículos. Pero las tasas ecológicas sí tienden a ser más flexibles y económicas que las regulaciones y evitan un costo fiscal (a diferencia de los subsidios a las tecnologías limpias).
La coordinación internacional es fundamental
El plan de Estados Unidos busca promover una mitigación más ambiciosa entre los grandes países emisores. La cooperación internacional puede ayudar disipando las inquietudes en torno a los efectos en la competitividad y la posibilidad de que los países renieguen de sus compromisos sobre mitigación. Un mecanismo prometedor para complementar los compromisos de los países en el marco del Acuerdo de París sería un mínimo internacional acordado entre los grandes países emisores y aplicado al precio de las emisiones de carbono. Ese mínimo podría estar calculado equitativamente, con requisitos más estrictos para las economías avanzadas, asistencia para las economías de bajo ingreso, o ambas medidas. También se podría aplicar con flexibilidad para permitir la implementación de otros métodos con un impacto equivalente en las emisiones si la tarificación resulta difícil.
Como el segundo emisor más grande del mundo, Estados Unidos tendrá que actuar decisivamente para contribuir a alcanzar la reducción de las emisiones mundiales necesaria durante la próxima década. El gobierno estadounidense debería aprovechar esta oportunidad para adoptar enfoques novedosos que hagan avanzar el programa climático en todos los flancos.
