Por Vitor Gaspar, John Ralyea, y Elif Ture
El crecimiento económico está perdiendo vigor y la deuda pública sigue siendo elevada en todo el mundo. Al mismo tiempo, los cambios demográficos y los avances tecnológicos están reorganizando la economía.
Las oportunidades que tenemos de recibir una buena educación, así como nuestras perspectivas de empleo y acceso a sistemas de salud y pensión de jubilación, están supeditadas a las decisiones tributarias y de gasto de los gobiernos para afrontar dichos retos.
¿Qué deben hacer los responsables de la política económica?
En la nueva edición de Monitor Fiscal , sostenemos que pueden adoptar una visión a largo plazo y fomentar un crecimiento mayor y más inclusivo. Esto significa poner orden en sus sistemas fiscales, reduciendo gradualmente el endeudamiento para prepararse para la próxima desaceleración, y mejorando la política fiscal para invertir en el futuro de los ciudadanos. Para ello, es necesario optimizar la asignación del gasto, ampliar el espacio disponible en el presupuesto y mejorar la política tributaria.
Prepararse para la próxima desaceleración
Un nivel de endeudamiento elevado puede menoscabar la capacidad de las autoridades económicas de incrementar el gasto o recortar los impuestos para compensar la debilidad del crecimiento económico, porque posiblemente los acreedores estarán menos dispuestos a financiar déficits presupuestarios más amplios. Los pagos de intereses de la deuda también provocan un desplazamiento del gasto en educación, atención sanitaria e infraestructura, inversiones que ayudan a un país a crecer durante muchos años.
Cada país deberá identificar la estrategia más adecuada y crear espacio en su presupuesto para ayudar a la economía durante la próxima desaceleración.
Los países con una deuda elevada deberán incrementar los ingresos o reducir el exceso de gasto. En especial, esto es relevante allí donde el actual crecimiento económico supera el crecimiento potencial a largo plazo, como en Estados Unidos, o donde los costos de endeudamiento son elevados y las necesidades de financiamiento son importantes, como en Brasil e Italia.
Aun así, estos países deberían mantener la inversión en educación, salud e infraestructuras, ya sea reasignando las prioridades del gasto o ampliando la base impositiva; por ejemplo, eliminando las exenciones tributarias y mejorando la administración fiscal.
Allí donde el financiamiento no plantea grandes problemas, como en Alemania o Corea, los responsables de la política económica podrían aumentar la inversión en infraestructura o educación para respaldar la economía a corto plazo y fomentar el crecimiento inclusivo en las próximas décadas.
Invertir en el futuro de los ciudadanos
La política fiscal no puede limitarse a la preparación para hacer frente a la próxima desaceleración económica. Los cambios demográficos, unidos a las nuevas tecnologías, están teniendo profundas repercusiones sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso y la riqueza. Estas tendencias también afectan a las finanzas públicas.
Por ejemplo, en las economías avanzadas, donde se observa un rápido envejecimiento de la población, estimamos que el gasto público vinculado al envejecimiento, por ejemplo en pensiones y servicios de salud, consumirá una cuarta parte del PIB de aquí a 2050.
En cambio, la población de las economías de mercados emergentes y en desarrollo de bajo ingreso son mucho más jóvenes y registran un rápido crecimiento. Para avanzar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para infraestructura y servicios públicos, estos países necesitarán incrementar el gasto público .
¿Qué pueden hacer los países para adaptarse a las tendencias mundiales y reducir su deuda?
Pueden promover políticas más inteligentes y ágiles, que faciliten el cambio. Para ello, deberán actualizar la política fiscal en tres frentes.
Desplazar el gasto
En primer lugar, los países deberían desplazar el gasto hacia inversiones en infraestructura, educación y atención de la salud propicias para el crecimiento, recortando a la vez los gastos innecesarios, como los subsidios energéticos ineficaces.
Por ejemplo, eliminar gradualmente los subsidios a combustibles, protegiendo a la vez a los más vulnerables, podría generar hasta un 4% del PIB mundial en recursos adicionales, que los países podrían invertir en las personas y el crecimiento.
En un mundo más digital y automatizado, también es importante centrarse más en políticas que fomentan la capacitación continua y la permanente actualización de las capacidades. Por ejemplo, Singapur ofrece becas de capacitación a todos los adultos durante toda su vida laboral, y los Países Bajos ofrecen deducciones fiscales para la capacitación de los trabajadores.
Frenar la corrupción también ayudaría a obtener recursos adicionales y reducir el despilfarro, como se muestra en el capítulo 2 de Monitor Fiscal .
Ampliar el espacio disponible en el presupuesto
En segundo lugar, la aplicación de medidas para mejorar la gestión financiera pública y elevar el ingreso podría generar más espacio en el presupuesto. En las economías avanzadas, una mejor gestión de los activos financieros públicos podría generar hasta un 3% del PIB anual en ingresos adicionales, como se muestra en la edición de octubre de 2018 de Monitor Fiscal .
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo de bajo ingreso deberían aumentar la recaudación de ingresos. Por ejemplo, los países de África subsahariana podrían recaudar, en promedio, entre un 3% y un 5% del PIB en ingreso adicional en los próximos cinco años si mejoran la eficiencia de sus actuales sistemas tributarios.
Mejorar las políticas tributarias
En tercer lugar, las economías avanzadas deben adoptar de nuevo impuestos sobre la renta más progresivos, lo cual ayudará a reducir la desigualdad. Asimismo, la mayoría tiene margen para incrementar el ingreso de forma significativa con los impuestos sobre herencias, tierras e inmuebles.
Además, los gobiernos deberían cooperar en la reforma de la tributación de las grandes sociedades multinacionales, en particular las digitales. Ello contribuiría a elevar los ingresos, también en los países en desarrollo de bajo ingreso, limitando el traslado de beneficios y la competencia fiscal mundial.
Estas medidas ayudarían a impulsar el crecimiento económico a largo plazo, elemento esencial para reducir la carga que supone una elevada deuda pública. Además, distribuirían los beneficios económicos de forma más amplia, tanto a nivel nacional como internacional, y restablecerían la confianza pública en las instituciones, indispensable para la estabilidad económica.