Los narcotraficantes, los contrabandistas de diamantes y los que financian el terrorismo tienen algo en común: abusan del sistema financiero para “blanquear” el producto de sus actividades ilícitas o para transferir fondos con el fin de lograr sus fines destructivos. La primera actividad se conoce como lavado de dinero, y la segunda como financiamiento del terrorismo.
Se estima que solo en Estados Unidos las ganancias que arrojan estos delitos ascienden alrededor de US$275.000 millones, excluida la evasión fiscal.
Nuestras investigaciones demuestran que este lado siniestro de la economía tiene consecuencias perniciosas para la estabilidad financiera, la economía y la gestión de gobierno de un país.
El fraude financiero a gran escala incide en la vida de la gente. Por ejemplo, la quiebra de un banco importante debido a fraude o a la explotación ilícita de información confidencial puede dañar gravemente la integridad general del mercado financiero. La consiguiente pérdida de confianza podría provocar una depreciación de la moneda, lo cual podría a su vez dar lugar a un aumento de la inflación y a la erosión del ingreso real y la capacidad para adquirir bienes y servicios básicos. La corrupción socava la integridad y la estabilidad de los mercados y de la gestión de gobierno, así como la confianza en el sector financiero. La evasión fiscal a gran escala significa concretamente que el dinero destinado a las arcas públicas para pagar escuelas, hospitales y carreteras se desvía a otros fines.
Los ataques terroristas y otros tipos de crímenes causan destrucción o muerte, hacen que cunda el miedo, sacuden la confianza y perjudican la industria del turismo. Y todo este círculo vicioso está alimentado por el lavado de dinero, que ayuda a lavar el producto de la mayoría de las actividades ilícitas y a reinyectarlo en los sectores lícitos de la economía.
Todo esto reduce las recaudaciones del gobierno, roba recursos a actividades más productivas y genera competencia desleal, con el consiguiente impacto negativo en la actividad económica y el crecimiento. Y el daño nos se limita a un solo país; el efecto desestabilizador de estas actividades puede propagarse a las economías de países vecinos y socios comerciales.
El FMI ha trabajado con los países a lo largo de más de 10 años para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y lo ha hecho principalmente evaluando y luego mejorando las reglas y normas que instituyen los países, y ayudando a definir las políticas internacionales en estos ámbitos.
Teniendo en cuenta toda esta experiencia, decidimos que era el momento adecuado para considerar un nuevo enfoque basado en los riesgos que nos permitiera profundizar las evaluaciones sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En los próximos meses, conjuntamente con nuestros colegas del Banco Mundial analizaremos la posibilidad de adoptar este nuevo enfoque con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un grupo de países que establece las normas internacionales sobre este tema.
El punto de partida del nuevo enfoque es reconocer el hecho de que no en todos los países existe el mismo riesgo de lavado de dinero o de que se cometen delitos que produzcan dinero que deba lavarse.
Los países necesitan ayuda para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los siguientes ámbitos:
- Leyes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Sistemas de justicia penal que permitan el enjuiciamiento de las personas que se dedican al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo y el decomiso de sus activos.
- Medidas que permitan a las instituciones financieras y no financieras identificar a sus clientes y verificar la información que proporcionan, proceso conocido como “diligencia debida con la clientela”.
- Supervisión de las instituciones financieras y no financieras.
- Medidas para evitar la explotación indebida de personas jurídicas, como compañías, fundaciones y asociaciones, para fines delictivos, o para evitar que los delincuentes ejerzan control sobre tales entidades.
- Unidades de inteligencia financiera.
- Cooperación a escala nacional e internacional.
Las soluciones genéricas no siempre son adecuadas, y nuestra respuesta tiene que adaptarse a las circunstancias y necesidades específicas y debe ser más eficaz.
Nos parece que la adopción de un método focalizado y basado en los riesgos haría que nuestras evaluaciones fueran más eficaces en función de su costo y las centraría en las cuestiones que revistan mayor interés para los países.
Los exámenes que realiza el FMI sobre la salud del sistema financiero de un país, y que forman parte del denominado Programa de Evaluación del Sector Financiero, ya incluyen módulos relativos a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Junto con el Banco Mundial seguiremos llevando a cabo estudios e investigando estos temas en forma más profunda.
Cuando las actividades delictivas planteen riesgos para el sistema financiero o repercutan en los países vecinos, podremos cubrir de manera más racional y profunda el lavado de dinero y los delitos subyacentes, tanto en nuestras evaluaciones financieras como en los exámenes de las economías de los países, que se conocen como las Consultas del Artículo IV.
Estamos reformando la estrategia para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con los tiempos en que vivimos. Las repercusiones del fraude de Allen Stanford en la pequeña isla caribeña de Antigua y Barbuda, y el grado en que los delitos fiscales están incidiendo en la situación económica de Grecia, nos recuerdan los efectos devastadores que pueden tener los abusos financieros en la economía de un país.
