La pandemia, la guerra en Ucrania, la amenaza a la seguridad alimentaria y el recrudecimiento de la pobreza mundial. Olas de calor, sequías y otros fenómenos climáticos extremos. Estos shocks no son aleatorios. Tampoco son una tormenta perfecta en el sentido convencional del término: una conjunción excepcional de eventos negativos. Por el contrario, nos enfrentamos a una confluencia de inseguridades estructurales de larga duración —de índole geopolítica, económica y existencial— que se potencian entre sí. Estamos sumidos en una larga tormenta perfecta.
No podemos ignorar estas inseguridades ni esperar que los problemas que aquejan a una parte del mundo no repercutan en otras partes. La COVID‑19 y sus repetidas mutaciones nos han enfrentado a la realidad, con un enorme costo humano y económico en todo el mundo. Solo podemos recuperar el optimismo si reconocemos la gravedad y la naturaleza colectiva de las amenazas que enfrentamos y nos organizamos de manera eficaz para darles respuesta.
En primer lugar, el riesgo de una escalada del conflicto geopolítico es mayor que en los últimos 30 años. El sistema de reglas y normas mundiales para preservar la paz y la integridad territorial de los Estados nacionales siempre fue frágil. Pero la invasión no provocada de Ucrania no es simplemente otra ruptura en el sistema. Sus ramificaciones exceden cualquier otra del pasado, en formas que podrían resultar catastróficas.
En segundo lugar, enfrentamos la posibilidad de un período de estanflación, es decir alta inflación sin crecimiento. Lo que muchos creían que era un “riesgo de cola” improbable hace un año, hoy es un escenario posible. Los bancos centrales de las economías avanzadas están ante una tarea más compleja y sin precedentes, y las probabilidades de que puedan controlar la inflación y a la vez lograr un aterrizaje suave de la economía son cada vez menores. La guerra en Ucrania y las perturbaciones que ha provocado en los mercados de energía, alimentos y otras materias primas dificultan aún más la tarea.
Cuando se escriba la historia de esta década, la inflación en las economías avanzadas difícilmente se presente como el problema más grave; ciertamente no, si se lo compara con las consecuencias en los países en desarrollo o con un orden internacional debilitado. Sin embargo, una alta y prolongada inflación habrá de erosionar gravemente el capital político necesario para que las naciones hagan frente a sus mayores desafíos, nacionales e internacionales, incluida la crisis climática. Puede incluso producirse un retroceso que los modelos económicos no son capaces de predecir. Sin duda, el aumento del costo de vida será desmoralizante para poblaciones que hoy son más viejas que en la década de 1970, cuando las economías avanzadas sufrieron su último episodio de alta inflación.
Volar a ciegas
En tercer lugar, el bien común existencial se deteriora a un ritmo acelerado. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación de los océanos, un espacio exterior peligrosamente congestionado y la propagación de enfermedades infecciosas son una amenaza creciente para la vida y el sustento en el mundo entero. Debemos abordar estas amenazas en paralelo, ya que la ciencia no es ambigua en cuanto a cómo interactúan. El calentamiento global y la degradación de la biósfera están provocando grandes transformaciones de la vida animal; se observan innumerables patógenos nuevos y otros que han vuelto a aparecer y que se transmiten entre especies y al ser humano. Las pandemias recurrentes ya son parte inherente del sistema. Sin embargo, tras dos años de COVID‑19, el mundo sigue a ciegas el rumbo hacia la próxima pandemia. Los científicos advierten que esta podría desatarse en cualquier momento y ser aún más letal.
La desagradable realidad a corto plazo es que el mundo tendrá que depender más de los combustibles fósiles para garantizar su seguridad energética e impedir un fuerte aumento de los precios de la energía. Pero esto también implica redoblar los esfuerzos de cara a la transición hacia un futuro energético con bajos niveles de carbono. Necesitamos marcos con políticas claras (incluidos mecanismos previsibles para el precio del carbono y eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles, y asistencia directa a los grupos vulnerables) para lograr esta transición crítica y, al mismo tiempo, preservar la seguridad energética.
En cuarto lugar, debemos confrontar el riesgo de crecientes divergencias, dentro de cada país pero sobre todo entre países. El encarecimiento de los alimentos básicos, el forraje, los fertilizantes y la energía perjudica en mayor grado a los países más pobres, que ya son los más afectados por fenómenos climáticos extremos, y especialmente a los sectores más necesitados. Sus gobiernos tienen poca capacidad fiscal para contrarrestar estos shocks, y más de la mitad ya tiene problemas graves de endeudamiento, o está por tenerlos. Ante estas limitaciones inmediatas, corremos el riesgo de descuidar las mejoras en educación y salud, lo que puede tener consecuencias peligrosas para el mundo a largo plazo. Incluso antes de la COVID‑19, más de la mitad de los niños en países de ingreso bajo e ingreso medio carecían de alfabetización básica a los 10 años: hoy día, la cifra estimada llega a 70%. En particular, las niñas han sufrido grandes pérdidas educativas durante la pandemia, ya que muchas no han vuelto a la escuela y millones fueron obligadas a casarse a una edad temprana.
Enfrentamos la posibilidad real de un retroceso de las conquistas sociales y económicas logradas por estos países en desarrollo a base de mucho esfuerzo en las últimas dos décadas. Se corre el riesgo de daños permanentes en los jóvenes, mayor desempoderamiento de las mujeres, guerras civiles y conflictos entre países vecinos. Cada una de estas situaciones haría más difícil responder a los desafíos más acuciantes que enfrenta el mundo.
Financiamiento de los bienes públicos mundiales
Para hacer frente a estas amenazas, no debemos interponer nuestras ilusiones, sino basarnos en una evaluación realista de lo que podría salir mal. La COVID‑19 y la guerra en Ucrania no fueron cisnes negros. Posiblemente no se haya previsto que estas tragedias escalarían de este modo, pero los riesgos habían estado en el radar desde hacía tiempo.
La preparación frente a amenazas, conocidas o desconocidas, debe ser un componente habitual de la política pública y el pensamiento colectivo, del mismo modo que los organismos reguladores aprendieron con la crisis financiera mundial y procuraron fortalecer los mecanismos de protección financiera antes de la siguiente crisis.
Debemos invertir mucho más, durante un período sostenido, en los bienes públicos necesarios para resolver los problemas más acuciantes del mundo. También compensar muchos años de desinversión en diversas áreas críticas, desde agua potable y capacitación de profesores en las economías en desarrollo hasta mejoras en una infraestructura logística obsoleta en algunas de las economías más avanzadas. Pero hoy también tenemos la oportunidad de impulsar una nueva ola de innovaciones para afrontar los desafíos en los espacios comunes mundiales, desde materiales de construcción de bajas emisiones de carbono, baterías y electrolizadores de hidrógeno de avanzada, hasta una combinación de vacunas para protegernos simultáneamente de diversos patógenos.
Para financiar estas inversiones debemos aventurarnos en una colaboración público-privada a una escala sin precedentes. Las finanzas del sector público no bastarán para cubrir estas necesidades. Tal como están las cosas, los costos del servicio de la deuda absorberán una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos. Los gobiernos de países avanzados también han declarado el fin del “dividendo de paz” que llevó a muchas naciones a reducir el gasto en defensa durante varias décadas.
Es hora de reorientar las finanzas públicas, junto con capitales filantrópicos cuando sea posible, a fin de movilizar inversiones privadas para atender necesidades en los espacios comunes mundiales. Se estima que el mundo tendrá que invertir entre USD 100 billones y USD 150 billones en los próximos 30 años para lograr cero emisiones netas de carbono. Esta cifra puede parecer abrumadora. Pero el costo anual de entre USD 3 billones y USD 5 billones no es un gran porcentaje de los USD 100 billones que conforman los mercados de capital del mundo, que crecen aproximadamente esa cantidad cada año.
