Observaciones de las misiones

Costa Rica: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV de 2025

28 de febrero de 2025

San José – 28 de febrero de 2025: Un equipo de funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por el Sr. Ding Ding, realizó la consulta del Artículo IV de 2025 con las autoridades de Costa Rica entre el 18 y el 28 de febrero. Al término de las discusiones, el Sr. Ding emitió la siguiente declaración:

Costa Rica es una de las economías de más rápido crecimiento del hemisferio occidental, con un notable éxito económico en los últimos años. El crecimiento promedio del PIB ha sido superior al 5 por ciento desde 2021, superando a sus pares regionales y contribuyendo a reducir la pobreza y el desempleo. Durante el mismo período, la deuda pública se redujo unos notables 8 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse por debajo del 60 por ciento del PIB. Estos éxitos son el fruto de buenas políticas macroeconómicas, reformas de amplio alcance en el contexto de la adhesión a la OCDE, dos programas apoyados por el FMI completados con éxito y un enfoque estratégico en las exportaciones y la diversificación económica. Se prevé que el crecimiento se mantenga en torno al 4 por ciento en 2025.

La inflación está mostrando signos alentadores en su retorno hacia el objetivo de inflación, tras la decisiva relajación de la política monetaria por parte del BCCR. Tras haber estado cercana a cero desde mediados de 2024, la inflación general ha empezado a subir y se prevé que alcance el rango de tolerancia del BCCR a mediados de 2025 y el objetivo del 3 por ciento en el plazo de un año. Sin embargo, la inflación subyacente sigue siendo reducida y existen riesgos a la baja, derivados principalmente de la consolidación de las expectativas de inflación inferiores a la meta. Los riesgos al alza podrían derivarse de posibles incrementos de los precios de las materias primas o de perturbaciones del lado de la oferta.

El enfoque prospectivo del BCCR en función de los datos ha demostrado su eficacia y su régimen de objetivos de inflación está funcionando adecuadamente. Con la tasa de política monetaria actual, se espera que la inflación se sitúe en el 3 por ciento durante el primer trimestre de 2026. Si la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 3 por ciento se debilita en los próximos meses, el BCCR podría recortar aún más la tasa de política monetaria. El crecimiento del crédito ha sido fuerte. Si hay indicios de un crecimiento excesivo del crédito, especialmente asociado a los préstamos en moneda extranjera, deberían ajustarse las medidas macroprudenciales para mitigar los riesgos potenciales para la estabilidad financiera.

Es importante seguir reforzando la autonomía, la gobernanza y el marco operativo del BCCR. Esto se lograría aprobando las propuestas legislativas para mejorar la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas del BCCR e institucionalizar la autonomía de facto del Banco Central.

Debe permitirse que el tipo de cambio se ajuste con mayor flexibilidad a las condiciones del mercado. El BCCR acumuló 920 millones de dólares en reservas internacionales durante 2024, y la cobertura de reservas es ahora confortable. Una mayor acumulación de reservas internacionales no está justificada e impondría costes innecesarios en el tiempo. Además, la frecuente intervención en el mercado de divisas puede debilitar la transmisión de la política monetaria y obstaculizar el desarrollo del mercado de divisas. Es necesario concertar esfuerzos, incluidos reformas legales, para profundizar los mercados de divisas y reforzar la capacidad del sector público no financiero para gestionar los riesgos cambiarios, reduciendo su dependencia del BCCR como intermediario para las transacciones en divisas. Junto con la reforma prevista para reestructurar los fondos de pensiones existentes en fondos generacionales, es preciso actualizar los límites reglamentarios de las inversiones extranjeras de los fondos de pensiones locales. Los ajustes de estos límites deberían introducirse gradualmente y estar respaldados por el desarrollo del mercado de divisas.

Hay margen para seguir aprovechando los importantes avances en la supervisión del sector financiero. Los indicadores de solidez financiera siguen siendo adecuados, a pesar de la resolución de dos pequeñas instituciones financieras no bancarias el año pasado. Estos episodios pusieron de relieve la importancia de un marco sólido de supervisión y resolución. La Asamblea Legislativa debería, por tanto, aprobar las enmiendas propuestas a la ley de resolución bancaria y seguro de depósitos, que reforzarían aún más los poderes de supervisión y resolución y mejorarían el marco de gestión de crisis.

Aunque la deuda pública cayó por debajo del 60 por ciento del PIB en 2024, la tarea de reconstruir el espacio fiscal aún no ha concluido. La razón de deuda cayó en parte debido a cierta reducción de los saldos de tesorería y las transferencias de saldos de caja por parte de entidades descentralizadas y autónomas a la Caja Única del Tesoro (que redujo las necesidades de financiación). Sin embargo, el superávit primario cayó en 2024 debido a factores temporales y a las lamentables reducciones del impuesto sobre la propiedad de los vehículos (marchamo) y de la base imponible de las corporaciones. Se espera que la corrección de los factores temporales contribuya a que el saldo primario aumente hasta alrededor del 1,5 por ciento del PIB este año. Un saldo primario más alto es esencial para reducir aún más la deuda, reducir los costes de los intereses y crear margen para gastos adicionales. Aunque el gasto debería ser inferior al límite máximo permitido por la regla fiscal, el mayor saldo primario debería permitir algunos aumentos en áreas prioritarias como infraestructura, la red de cuido de niños y adultos (que contribuirá a impulsar la participación femenina en el mercado laboral) y las inversiones en formación de habilidades de los grupos vulnerables (que ayudará a reducir la dependencia de la asistencia social).

Las reformas fiscales podrían mejorar la equidad y la eficiencia del sistema y, al mismo tiempo, recaudar recursos para reducir la deuda y aumentar algunos gastos. Sin embargo, los legisladores no han visto favorablemente los proyectos de ley presentados en los últimos cinco años para aumentar los ingresos, que también habrían incrementado la progresividad y reforzado el dinamismo de los ingresos. Entre ellas figuran las propuestas de reducir las exenciones del IVA y del impuesto sobre la renta (como en el caso del salario escolar y de los premios de lotería) y de reducir a un único umbral las rentas del trabajo por cuenta propia, los salarios y las pensiones, aumentando al mismo tiempo la tasa marginal máxima. Estos proyectos de ley merecen ser estudiados de nuevo, ya que mayores ingresos permitirían aumentar más rápidamente el gasto social y de capital. Asimismo, estamos preocupados por los proyectos de la Asamblea Legislativa que están reduciendo los ingresos.

La plena aplicación de la ley de empleo público y las reformas de la gestión de la deuda mejorarían la calidad del gasto y reducirían el coste de los intereses. Las propuestas legislativas encaminadas a modificar la ley de empleo público podrían socavar significativamente los avances en la contención de la masa salarial del sector público. Las instituciones que aún no han aplicado plenamente la ley de empleo público deberían hacerlo sin más demora para garantizar que sus beneficios se extiendan más allá de la administración central. Serían valiosas las reformas legales para permitir acceso al mercado internacional de deuda soberana y conceder al poder ejecutivo más flexibilidad en la emisión de deuda externa. Se han registrado mejoras en la calidad de las estadísticas de las finanzas públicas, que se espera que se utilicen para diseñar las políticas fiscales.

Se necesita una solución comprehensiva para resolver el conflicto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda (MH) sobre los reclamos de la seguridad social. Los reclamos pendientes se deben a una expansión de los beneficiarios sin financiamiento y a las decisiones unilaterales de la CCSS de aumentar la contribución del estado. Para resolver este problema es necesario mejorar urgentemente los sistemas de registro de la CCSS, a fin de permitir un seguimiento preciso de los desembolsos y los beneficiarios. Además, la CCSS y el MH deben aclarar el alcance de los servicios de salud y las pensiones que actualmente cubre el presupuesto, mientras que se identifican las fuentes de financiamiento adicionales necesarias para garantizar la solidez actuarial de los sistemas de salud y pensiones. Reforzar la gobernanza de la CCSS será esencial para garantizar que cualquier cambio futuro del sistema de seguridad social incluya una evaluación exhaustiva de las implicaciones fiscales y para el mercado laboral de dichos cambios. También hay margen para mejorar la rendición de cuentas de la CCSS, la transparencia de sus operaciones y la simplicidad del sistema, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Estas reformas serán fundamentales para salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social a medida que la población envejece.

Avanzar en las reformas del lado de la oferta puede ayudar a sostener el impresionante desempeño económico de Costa Rica abordando los principales cuellos de botella para el crecimiento. Para hacer frente a la escasez de mano de obra calificada, sobre todo en las industrias de alta tecnología, es esencial acelerar los esfuerzos para reducir las brechas educativas, alinear los planes de estudio con las necesidades de la industria, promover la educación dual y la educación bilingüe, y mejorar las tasas de graduación de la educación secundaria. La reciente reducción de la base mínima de contributiva para los trabajadores a tiempo parcial ha contribuido a fomentar el empleo formal, pero hay margen para reducir la elevada carga fiscal sobre el trabajo, sustituyéndola por fuentes de ingresos alternativas. La mejora de la calidad y el mantenimiento de la infraestructura reforzaría aún más el crecimiento potencial. Al respecto, la integración de las consideraciones climáticas en las decisiones de inversión pública ya está haciendo que las infraestructuras sean más resilientes frente a las catástrofes naturales. Dado el considerable financiamiento adicional necesario para mejorar la infraestructura, es fundamental aprobar y aplicar la nueva legislación sobre asociaciones público-privadas. Además, las reformas en curso para facilitar el suministro de electricidad por parte del sector privado, incluida la diversificación hacia energías renovables no hidroeléctricas, harán que la electricidad sea más asequible y menos vulnerable a las fluctuaciones de las precipitaciones.

El equipo del FMI agradece a las autoridades costarricenses y otras contrapartes por las productivas discusiones y la hospitalidad durante la misión.