Observaciones de las misiones

México: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2024

15 de octubre de 2024

Mensajes principales

La actividad se está desacelerando. A pesar de una postura fiscal expansiva, el crecimiento está perdiendo vigor y rondará 1½% este año. En parte debido a limitaciones de capacidad y una postura monetaria restrictiva. Se prevé que la prolongación de esa postura y la desaceleración de la actividad reduzcan la inflación a la meta de 3% de Banxico en 2025. El déficit de la cuenta corriente aumentaría ligeramente en 2024, ya que el crecimiento de las exportaciones se vería superado por el de las importaciones de capital y de consumo. Los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja, en tanto que los de inflación continúan sesgados al alza. Entre los factores que podrían lastrar el PIB cabe mencionar un crecimiento más débil de lo previsto en Estados Unidos, la agudización de la aversión mundial al riesgo y efectos inesperados de las recientes reformas institucionales. Por otra parte, una demanda estadounidense de importaciones que supere las expectativas o la actual reconfiguración de las cadenas mundiales de valor podrían estimular la actividad y las inversiones del exterior.

Se necesita una estrategia fiscal de mediano plazo para reducir los déficits y la deuda, incrementar los ingresos tributarios y crear el espacio fiscal necesario para inversiones en capital humano y físico. Esto requeriría implementar una reforma tributaria integral al inicio del nuevo gobierno, una reducción duradera del déficit fiscal acompañada de una cuidadosa fijación de prioridades de gasto público, y la corrección de las desigualdades en el sistema de pensiones. También es importante y prioritario abordar los desequilibrios entre el presupuesto federal y Pemex, y mejorar la gobernanza empresarial de esta última.

La reconfiguración que están experimentando las cadenas globales de valor ofrece al gobierno entrante una oportunidad importante para profundizar los sólidos vínculos económicos con Estados Unidos. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, se necesita un conjunto amplio de reformas por el lado de la oferta que complementen los marcos institucionales bien establecidos y de gran solidez que encuadran las políticas macroeconómicas. Reformas regulatorias, una inversión pública mejor focalizada que mitigue más los cuellos de botella en la infraestructura, un acceso más amplio a los servicios financieros y un suministro más confiable de energía y agua son factores que respaldarían un crecimiento liderado por el sector privado. Otras medidas prioritarias incluyen reformas a la gobernanza que aborden la corrupción y el crimen organizado.

Las reformas judiciales recientes generan una importante incertidumbre sobre la efectividad del cumplimiento de los contratos y la previsibilidad del estado de derecho. El reemplazo de jueces en varios niveles del Poder Judicial el próximo año representa una nueva fuente de incertidumbre que podría influir en las decisiones de inversión privada. Es fundamental que esta reforma se lleve a cabo de una manera clara y predecible que garantice la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial y fortalezca el estado de derecho. Las proyecciones centrales actuales formuladas por el personal técnico no contemplan efectos negativos a causa de estos focos de incertidumbre.

Política fiscal

Las autoridades están comprometidas a cumplir su meta fiscal para 2024. Actualmente, se prevé que el déficit general del año sea de 5.9% del PIB, un impulso fiscal de alrededor de 2% del PIB que colocaría la deuda bruta del sector público cerca de 58% del PIB para fines de 2024. El aumento del gasto en grandes proyectos de infraestructura, los salarios, las pensiones y el gasto social están contribuyendo al respaldo fiscal de la economía. Sin embargo, existe el riesgo de que el apoyo adicional a Pemex y/o un gasto superior al previsto en proyectos de infraestructura den lugar a un ligero sobrecosto fiscal para finales del año.

México necesita implementar una consolidación fiscal creíble a mediano plazo, respaldada por medidas de política bien definidas. El plan de las autoridades entrantes de iniciar una importante consolidación fiscal en 2025, que debería reducir el déficit a menos de 3% del PIB a mediano plazo, recalca el compromiso de México con la prudencia fiscal. Para ello será necesario definir y aplicar medidas fiscales complementarias, que incluyan preferentemente una reforma fiscal integral. En particular, el presupuesto de 2025 debería centrarse en reducir el gasto fiscal y reevaluar las tasas y los umbrales impositivos, especialmente en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Una mejor racionalización del gasto, incluidas las excepciones fiscales, y una mejor administración tributaria contribuirían a este ajuste necesario y afianzarían la confianza del mercado.

Una revisión de las políticas de apoyo a Pemex y al sector energético en general mejoraría la credibilidad de los planes fiscales del gobierno. El apoyo del gobierno federal a Pemex en forma de exención fiscal, inversiones y transferencias costaron 1% del PIB en 2024. La ampliación de ese respaldo debería condicionarse a que Pemex elabore una estrategia de negocios viable y mejore la gobernanza corporativa. Las medidas en ese sentido podrían abarcar la concentración de las actividades de Pemex en campos rentables, la venta de activos no esenciales, la formulación de una nueva estrategia para las operaciones de refinería no rentables, y la promoción de asociaciones público-privadas (incluyendo a través de participaciones de capital). La estrategia también debería examinar las implicaciones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus vínculos con PEMEX.

Es necesario trabajar más en las inequidades estructurales del sistema de pensiones. El gasto en pensiones públicas aumentó 0.6% del PIB en el curso de los últimos tres años y seguirá creciendo en el mediano plazo. Aunque la reciente reforma para aumentar la tasa de reemplazo pretende igualar el trato que reciben los trabajadores, persisten desigualdades entre y dentro de los grupos. Por lo tanto, es necesario examinar a nivel más amplio la estructura de beneficios y el requisito de aportación mínima.

Política monetaria

El proceso de desinflación se encuentra bien avanzado.La oportuna respuesta de Banxico ante el aumento de la inflación luego de la pandemia ha mantenido ancladas las expectativas inflacionarias a mediano plazo y ha facilitado un fluido proceso de desinflación. Aun así, la inflación ha tardado en responder en el sector de servicios, y las alzas de los precios del gas y de los productos agropecuarios —como consecuencia de acontecimientos mundiales y de choques meteorológicos, respectivamente— incrementaron la inflación general. Esto ha justificado la decisión de Banxico de replegar poco a poco la política monetaria restrictiva, con sujeción a que los datos de que la inflación está retrocediendo decisivamente hacia la meta oficial de 3% sean más claros.

Existe margen para reforzar la efectividad de la política monetaria mediante el fortalecimiento de las herramientas de comunicación de Banxico. El marco de política monetaria de México demostró ser sólido y creíble cuando se vio a prueba durante el periodo posterior a la pandemia. En la actualidad, Banxico publica proyecciones oficiales de inflación y ha desarrollado el uso de la orientación futura cualitativa, lo cual ha promovido la fijación prospectiva de precios entre los agentes económicos. Las opciones para reforzar más el marco institucional podrían incluir la transmisión de más información sobre los supuestos de política en los que se basan las proyecciones de inflación y de actividad de las autoridades, y una adaptación de la comunicación del banco central más adecuada a los distintos públicos objetivo. Cualquier otra divulgación de información debería recalcar que dicha información no representa un compromiso en torno a una medida determinada de política pública, sino que pretende ayudar a los participantes del mercado y al público en general a comprender mejor las decisiones del banco central y la interpretación que hace de los datos disponibles.

La flexibilidad cambiaria está firmemente arraigada en el marco de políticas de México. México tiene un mercado cambiario profundo y líquido, descalces cambiarios limitados y una variedad de coberturas cambiarias naturales y financieras a su disposición. El peso sigue estando respaldado por una sólida posición externa. Aunque la dinámica del peso está sujeta a factores tanto internos como externos, existe un firme compromiso con la flexibilidad cambiaria como herramienta esencial para facilitar la adaptación fluida de la economía ante choques externos e internos.

Políticas financieras

El sistema financiero es resiliente a una gran variedad de choques. Los elevados coeficientes de capitalización y los resultados de las recientes pruebas de estrés de Banxico indican que los niveles de capitalización se mantendrían por encima de los requerimientos regulatorios mínimos incluso en una situación de deterioro muy grave. Los balances de los bancos y de las empresas se mantienen aislados del impacto de posibles choques internacionales. Aunque varios intermediarios financieros no bancarios tienen una base de fondeo sumamente concentrado, son pequeños y tienen interconexiones limitadas con el sector bancario y el resto del sistema financiero.

Las autoridades han avanzado en la implementación de las recomendaciones de la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) realizada en 2022. Junto con otras agencias financieras, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúan modernizando los sistemas de detección y respuesta a ciberataques. Banxico también ha adoptado medidas para ampliar el alcance del marco aplicado a las pruebas de estrés en materia de liquidez. En ese sentido, las autoridades continúan estableciendo y consolidando un marco para simular crisis causadas por la materialización de riesgos cibernéticos que afecten a la totalidad del mercado. Asimismo, se están realizando esfuerzos por mejorar la capacidad y la resiliencia del sistema a fin de obtener un sistema de supervisión integral basado en datos. Las medidas pendientes incluyen el fortalecimiento de la independencia de los reguladores financieros y la mejora de las salvaguardas jurídicas para los supervisores. Se están revisando las políticas macroprudenciales, incluyendo la experiencia de otros países con la adopción de regulaciones basadas en razones de préstamo a valor de la vivienda y de servicio de la deuda a ingresos totales.

Abordar las brechas en el marco de Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ALD/FT) continúa siendo una prioridad. La creación de un registro de personas morales que incluya la información de sus beneficiarios finales ayudaría a garantizar la transparencia de las empresas y a mitigar los riesgos derivados del uso indebido de entidades jurídicas con fines delictivos. La CNBV y la autoridad tributaria deberían alinear sus actividades de supervisión para abordar los posibles riesgos que plantean el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal. Existe también margen para estrechar la colaboración entre otras autoridades de ALD/FT y de organismos contra la corrupción. Corresponde elaborar una nueva estrategia nacional para encarar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, e investigar los flujos financieros ilícitos derivados de delitos financieros. Además, una mejor comprensión del financiamiento al crimen organizado ayudaría a las autoridades a establecer políticas de ALD/FT y definir prioridades institucionales apropiadas.

Reformas del lado de la oferta

México se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades derivadas de la actual reconfiguración de las cadenas globales de valor. Se ha beneficiado de la vigorosa demanda estadounidense tras la pandemia y está recibiendo sólidos flujos de inversión extranjera directa (IED) atraídos por el avanzado sistema manufacturero nacional, la disponibilidad de capital humano y el acceso favorable al mercado estadounidense a través del T-MEC. Como resultado, la industria mexicana está cada vez más integrada a las cadenas globales de valor conectadas con Estados Unidos, lo cual genera un significativo valor agregado interno. Al mantener políticas de apertura comercial, México continuará incentivando la inversión empresarial y reforzando su competitividad internacional. La importación de bienes intermedios y finales procedentes de China ha crecido, aunque este aumento representa apenas una fracción de la ampliación de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Este incremento en las importaciones provenientes de China también refleja un mayor consumo de automóviles y teléfonos inteligentes fabricados en China, así como importaciones de maquinaria empleada para aumentar la capacidad de México en una variedad de sectores manufactureros.

Para poder aprovechar al máximo los cambios en las cadenas globales de suministro será necesario implementar una serie de reformas por del lado de la oferta. Entre ellas se encuentran las relacionadas con simplificar las regulaciones, cerrar brechas en infraestructura crítica (transporte, agua y energía, por ejemplo), mejorar las habilidades de los trabajadores y aumentar la participación laboral de la mujer. Una integración más estrecha de las economías regionales y atender los obstáculos estructurales a la inversión en dichas economías facilitarían un crecimiento más inclusivo a lo largo del país.

Abordar el crimen, la inseguridad y la corrupción impulsaría la inversión y la creación de empleo. El aumento de la violencia desde 2007 ha producido efectos perjudiciales en los mercados laborales, incrementado la estructura de costos y sembrado incertidumbre entre las empresas que operan en el país. La percepción de corrupción judicial, la interferencia política y la presión por parte del crimen organizado daña el clima de negocios y compromete la previsibilidad del estado de derecho. Las reformas a la gobernanza deberían priorizar el establecimiento de un sistema robusto de declaración de activos, una protección jurídica adecuada para los denunciantes de irregularidades y una mayor eficacia por parte de las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción. Se necesitan fuertes salvaguardas del profesionalismo y la independencia judicial para que las disputas comerciales culminen en resoluciones equitativas y los contratos sean exigibles.

Profundizar la intermediación financiera haría el crecimiento más inclusivo. El desarrollo reciente de productos fintech y los pagos digitales ha ampliado el acceso a productos financieros. Además, las regulaciones financieras que reducen el aprovisionamiento para préstamos que resulten incobrables en el caso de mujeres prestatarias acrecentaron el acceso de la mujer al crédito. Estas iniciativas podrían complementarse promoviendo la expansión de los sistemas digitales de pago y eliminando barreras institucionales para la entrada de nuevos productos y entidades financieramente sólidas.

El equipo del FMI desea dar las gracias a las autoridades mexicanas y a otros interlocutores por su apoyo, su hospitalidad y los diálogos constructivos que se entablaron.