Comunicado de prensa No. 22/425

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la sexta y última revisión del Servicio Ampliado del FMI para Ecuador

14 de diciembre de 2022

• El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la sexta y última revisión del Servicio Ampliado del FMI (SAF) de 27 meses a favor de Ecuador, lo cual hace posible un desembolso inmediato equivalente a DEG 497 millones (aproximadamente USD 700 millones).
• El programa económico de Ecuador respaldado por el SAF ha ayudado a estabilizar la economía, ha afianzado la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública, ha apuntalado los fundamentos del régimen de dolarización, ha ampliado la cobertura de los programas de asistencia social para proteger a los más vulnerables, ha promovido una gestión de los recursos públicos transparente y más eficiente, y ha sentado las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo.
• Partiendo de los avances logrados en el marco del programa, es necesario seguir realizando esfuerzos para cimentar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, incrementar la resiliencia del sector financiero, reforzar más la transparencia y la gobernanza, mejorar la calidad de los datos estadísticos y acelerar las reformas para estimular el crecimiento potencial.

Washington, DC – 14 de diciembre de 2022 : El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la sexta y última revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador. La decisión del Directorio Ejecutivo permite efectuar un desembolso inmediato DEG 497 millones (aproximadamente USD 700 millones). Las autoridades tienen previsto destinar los recursos del desembolso a apoyo presupuestario.

Con la conclusión de esta revisión final, Ecuador ha completado su primer programa respaldado por el FMI en más de dos décadas. El acuerdo de 27 meses en el marco de SAF a favor de Ecuador fue aprobado por el Directorio Ejecutivo el 30 de septiembre de 2020 (véase el Comunicado de Prensa No. 20/302) por un monto de DEG 4.615 millones (alrededor de USD 6.500 millones, o aproximadamente 661% de la cuota de Ecuador).

El programa tenía por objeto apoyar la recuperación económica de Ecuador tras la pandemia, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, ampliar la cobertura de los programas de asistencia social para proteger a los más vulnerables, promover una gestión eficiente y sostenible de los recurso públicos, apuntalar los fundamentos institucionales del régimen de dolarización, promover la transparencia y las iniciativas para combatir la corrupción y sentar las bases para un crecimiento inclusivo y generador de empleo.

Partiendo de los avances logrados en el marco del programa, es necesario seguir realizando esfuerzos para cimentar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, incrementar la resiliencia del sector financiero, reforzar más la transparencia y la gobernanza, mejorar la calidad de los datos estadísticos y acelerar las reformas para estimular el crecimiento potencial.

Tras las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Ecuador, la Subdirectora Gerente y Presidenta Interina, Antoinette Sayeh, realizó la siguiente declaración:

“Ecuador ha alcanzado un hito importante con la finalización del programa respaldado por el SAF, la primera finalización en dos décadas. El programa ha ayudado a mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia y otros shocks externos, manteniendo la estabilidad macroeconómica.

“La gestión fiscal prudente permitió a las autoridades cumplir con todos los criterios cuantitativos del programa a fines de agosto de 2022 y se espera que el sector público logre su primer superávit desde 2008. La red de asistencia social se fortaleció aún más y ahora llega a más del 80 por ciento de las familias de bajos ingresos, incluso en áreas remotas.

“Las reformas estructurales implementadas bajo el programa respaldado por el SAF serán de gran utilidad para Ecuador en los años venideros. La implementación en curso de las reformas al código de planificación y finanzas públicas estableció un marco fiscal prudente, mientras que la reforma tributaria progresiva es fundamental para generar mayores ingresos para la sostenibilidad de los programas de inclusión social. Se han mejorado los marcos de gobernanza y anticorrupción, y se ha fortalecido la independencia del banco central. El caso reciente de información errónea se solucionó con la finalización de todas las acciones correctivas que debían realizarse este año.

“La política fiscal debe mantenerse administrada con prudencia a mediano plazo para consolidar la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Contener el gasto público en salarios y mejorar las prácticas de contratación pública mantendría la deuda en una senda firmemente descendente sin comprometer la calidad de los servicios. La reforma de los subsidios a los combustibles reduciría el considerable gasto en subsidios y generaría ahorros significativos, mientras que una mejor gestión del flujo de caja ayudaría a abordar la acumulación de atrasos en los pagos internos. También se debe continuar el progreso permanente en la mejora de la calidad de los datos fiscales.

“El sector financiero se ha mantenido estable, pero se justifica una vigilancia continua, especialmente a medida que se revierten las medidas de apoyo adoptadas durante la crisis. La eliminación de estas medidas también brindaría la oportunidad de cerrar las brechas regulatorias entre los bancos y las grandes cooperativas.

“Esfuerzos adicionales ayudarían a mejorar el marco legal para la lucha contra la corrupción y ALD/CFT. En este sentido, la promulgación de las leyes de conflicto de intereses y ALD/CFT que fueron presentadas a la Asamblea Nacional debe ser una prioridad. Finalmente, sería importante completar las auditorías financieras de la compañía petrolera nacional y del fondo de seguridad social para obtener una imagen más clara de la hoja de balance del sector público y los riesgos asociados de pasivos contingentes.”