Observaciones de las misiones

Uruguay: Declaración al término de la visita del personal en 2021

25 de mayo de 2021

Washington, DC: Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió de forma virtual con las autoridades de Uruguay del 18 al 24 de mayo para analizar la evolución económica reciente y las prioridades en materia de políticas. En esta declaración se resumen las principales conclusiones de la misión.

1. Uruguay enfrentó la crisis de COVID-19 con instituciones sólidas, pero también con desequilibrios macroeconómicos pre-existentes. El país goza de una democracia madura, instituciones fuertes, buena gobernanza y un alto grado de cohesión social, con un elevado ingreso per cápita e índices relativamente bajos de pobreza, desigualdad e informalidad. En una región caracterizada por una recurrente inestabilidad financiera y social, la estabilidad de la economía uruguaya se destaca, y se apoya en la solidez de su sector financiero, un nivel saludable de reservas internacionales y su grado de inversión soberano. No obstante, tras una década de vigoroso crecimiento empujado por el auge de precio de materias primas que terminó en 2014-15, las finanzas públicas se debilitaron y el crecimiento se tornó anémico en los años anteriores a la pandemia—con creciente evidencia de falta de dinamismo en el mercado de trabajo, escasa inversión y preocupaciones acerca de la competitividad de la economía, especialmente de sectores de bienes transables no vinculados a las materias primas. La inflación permanecía en niveles altos en comparación con otros países con marcos de metas de inflación, y la desdolarización continuaba siendo una tarea pendiente.

2. La respuesta de política frente a la pandemia hizo un uso adecuado del espacio de política disponible teniendo en cuenta también los objetivos de mediano plazo. El gobierno centró sus esfuerzos en mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y en impulsar reformas para abordar los desequilibrios macroeconómicos preexistentes y estimular el crecimiento potencial.

• Gracias a la eficaz gestión de la crisis sanitaria, el virus tuvo una baja incidencia durante buena parte de 2020, permitiendo evitar confinamientos generalizados y limitando el impacto sobre la actividad económica. Si bien la situación se ha deteriorado marcadamente en los últimos meses, el rápido progreso del programa de vacunación es digno de elogio y permitirá una pronta reapertura de la economía.

• La política fiscal se enfocó adecuadamente en sustentar la economía y proteger a los más vulnerables, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, en el contexto de un limitado espacio fiscal. Los sólidos sistemas de salud y de protección social existentes, combinados con la baja incidencia del virus a los inicios de la crisis, limitaron la demanda de recursos necesarios para abordar la crisis sanitaria—especialmente en comparación a otros países de la región—gracias a lo cual el gobierno pudo concentrar sus esfuerzos fiscales en preservar el empleo, mantener las empresas a flote y apoyar a grupos vulnerables. La administración de gastos a través del Fondo Coronavirus fomentó la transparencia fiscal y contribuyó a dejar en claro el carácter transitorio del relajamiento fiscal. La aprobación de una regla fiscal con el fin de apuntalar la consolidación fiscal prevista a mediano plazo y los pasos dados hacia su implementación—a pesar de la necesidad de atender la urgencia de la crisis—son avances importantes.

• El relajamiento transitorio de regulaciones financieras (en especial la prórroga de pagos de préstamos bancarios), la ampliación de las garantías de crédito para las PYMEs, y las líneas de crédito directo a empresas afectadas por la pandemia, proporcionaron un alivio necesario a empresas y hogares. Las tasas reales negativas de política monetaria, apoyadas por la política de orientación a futuro, proveyeron de un apoyo adecuado a la economía, al tiempo que las reformas del marco de política monetaria dieron una señal de compromiso renovado con el objetivo de reducir la inflación una vez que la economía se encuentre en firme recuperación. La cifra de inflación de abril, la primera en varios años que se sitúa dentro del rango meta, es una señal alentadora.

3. Aunque los casos de COVID se mantienen elevados, se espera que la recuperación se acelere en la segunda parte del 2021, impulsada por condiciones externas favorables y la rápida campaña de vacunación. Tras registrar una contracción de 5,9 por ciento en 2020 y un retraso en la recuperación por la suba de casos en los primeros meses de 2021, se espera que la economía se fortalezca apoyada por el nivel elevado de los precios de las materias primas y los importantes proyectos de inversión en curso. Se prevé que la actividad se acelere en el segundo semestre de este año —y que arroje un crecimiento cercano al 3 por ciento para el año— conforme la economía se reabra, aunque la precaria situación sanitaria en los países vecinos sigue siendo un freno, sobre todo para los sectores relacionados con el turismo. Los riesgos fiscales de corto plazo son limitados gracias a una eficiente gestión de la deuda en las dos últimas décadas —que ha hecho más resiliente la estructura de plazos y de monedas de la deuda— y a reservas de liquidez saludables. Apuntalado por su grado de inversión soberano, Uruguay mantiene acceso al financiamiento de mercado en condiciones muy favorables, incluyendo en la reciente emisión en moneda local. Pese a una menor rentabilidad, el sector financiero también sigue siendo sólido, con niveles de capital y liquidez muy por encima de los requisitos regulatorios.

4. La política fiscal debe seguir apoyando la recuperación, y, a la vez, completar las bases para una consolidación duradera a mediano plazo. A medida que se reabra la economía y la actividad se recupere, el apoyo fiscal debe reemplazar las políticas para preservar el empleo y mantener a flote las empresas con medidas que estimulen la demanda y la creación de empleo. Con finanzas públicas debilitadas, será también esencial delinear con claridad el camino para recobrar la sostenibilidad fiscal y recomponer el margen de maniobra de la política fiscal, especialmente en vista de preservar el grado de inversión y el acceso a los mercados en términos favorables. La consolidación prevista por las autoridades parece alcanzable, aunque requiere de medidas concretas y la plena implementación de la regla fiscal. Con los ahorros fiscales previstos se prevé que la relación deuda/PIB se estabilice en el mediano plazo, aunque dejando un margen limitado de acción para responder a choques futuros. La reforma previsional también aportaría credibilidad a la sostenibilidad fiscal, aunque el ahorro fiscal asociado a ella probablemente tardará en materializarse.

5. Las mejoras al marco de política monetaria son loables. Son bienvenidas las reformas recientes, incluyendo la reafirmación de la prioridad de la inflación sobre otros objetivos, la re-adopción de la tasa de interés como principal instrumento de política, la recalibración del rango meta de inflación, las mejoras en transparencia y los esfuerzos para potenciar la estrategia de comunicación del banco central. La política monetaria es adecuadamente acomodaticia en respuesta a la crisis sanitaria. En la medida que la economía se recupere, será fundamental que la política monetaria mantenga su congruencia con la meta de inflación para afianzar la credibilidad y anclar las expectativas de inflación. Las iniciativas para fomentar un mayor uso del peso en créditos y en la fijación de precios son bienvenidas, aunque reducir la dolarización y fomentar la profundización financiera dependen principalmente de que se logre una inflación baja y estable.

6. Estimular el crecimiento potencial a mediano plazo requiere avanzar con las reformas estructurales previstas. Si bien la recuperación está en marcha, lograr un crecimiento mayor —sobre todo si los términos de intercambio favorables no se mantienen— requerirá subsanar debilidades estructurales preexistentes. Puede ser necesario dar prioridad a reformas que mitiguen las ‘cicatrices’ dejadas por la crisis de COVID-19 y apoyen la reasignación de recursos. En particular, políticas que faciliten la reconversión laboral, que incentiven la contratación y la capacitación en el puesto de trabajo, y que alineen mejor los salarios con la productividad, apoyarían la recuperación, respaldando el empleo y sentando las bases para un crecimiento saludable e inclusivo. Continuar con la reforma de las empresas estatales para incrementar su eficiencia y reducir los costos de los servicios públicos también mejoraría la competitividad y promovería la inversión privada. Además, las políticas para aumentar la participación femenina en la fuerza laboral y mejorar los resultados de educación serán cruciales para elevar el crecimiento y los niveles de vida a mediano plazo.

7. Proteger a los grupos vulnerables será clave para la recuperación y el éxito del programa de reformas. Uruguay está en mejor situación que otros países similares, pero el deterioro de las condiciones sociales a causa de la pandemia y los problemas preexistentes de empleo juvenil y pobreza infantil podrían erosionar gradualmente la cohesión social. Promover el crecimiento al mismo tiempo que se resguardan los programas de protección social y se mantiene un nivel adecuado de beneficios sociales —que balanceen la cobertura y los incentivos a trabajar— garantizarán que los beneficios de un mayor crecimiento se distribuyan equitativamente y que el programa de reforma tenga éxito. Dado el limitado espacio fiscal disponible, esto requerirá incrementar la eficiencia del gasto público mediante una selección adecuada de prioridades.

8. La misión respalda la prudente gestión macroeconómica desplegada por las autoridades en el último año y los avances en su programa de reforma. El consenso político general en torno a las reformas necesarias es alentador, aunque los desafíos que enfrenta Uruguay son de larga data y se han visto amplificados por la pandemia. A medida que la economía se recupere de la crisis sanitaria, las autoridades deben dar pasos decisivos para completar la implementación de las reformas previstas.

La misión agradece a las autoridades por su cálida hospitalidad, el diálogo franco y la calidad de la interacción. Está previsto que la misión para la consulta anual del Artículo IV se lleve a cabo en septiembre de este año.