Comunicado de prensa No. 17/247

El 22 de junio de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV [1] con Nicaragua, y consideró y aprobó la evaluación del personal técnico conforme al procedimiento de aprobación tácita por vencimiento, sin celebrar una reunión [2].

El desempeño económico en 2016 fue sólido. El PIB creció un 4,7% en términos reales, respaldado por una fuerte demanda interna, mientras que la inflación se mantuvo moderada en el 3,1% al final de 2016, debido en gran medida a la contribución de los precios de los alimentos.

El déficit fiscal aumentó ligeramente en 2016. Los ingresos tributarios se incrementaron un 0,7% del PIB en 2016 gracias a mejoras en la administración tributaria y los efectos de la plena aplicación de la reforma tributaria de 2012. No obstante, el déficit del sector público consolidado se amplió ligeramente, pasando de 2,2% en 2015 a 2,4% en 2016, debido a los gastos relacionados con las elecciones, el incremento de la inversión pública y un mayor deterioro de la posición financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El coeficiente de deuda del sector público consolidado aumentó moderadamente, de 40,7% del PIB en 2015 a 41,9% en 2016.

La posición externa mejoró de forma moderada respecto al año anterior. Se estima que el déficit en cuenta corriente para 2016 se ha reducido a 8,6% del PIB, frente al 9% registrado en 2015. Esta consolidación se explica en gran medida por las exportaciones de maquila, que se han registrado con mayor exactitud gracias a mejoras en la compilación de estadísticas. El déficit en cuenta corriente siguió financiándose con inversión extranjera directa (IED) y otras entradas de capital de largo plazo. A pesar del declive en los influjos de cooperación de Venezuela, las reservas internacionales brutas se mantuvieron en general estables en USD 2.300 millones al final de 2016, con una cobertura aproximada de cuatro meses de importaciones distintas de la maquila.

Las condiciones monetarias y financieras siguieron siendo estables. El crecimiento del crédito al sector privado disminuyó a 17,4% en 2016, pero se mantuvo por encima del crecimiento del PIB nominal. Los indicadores de solidez de los bancos siguen siendo robustos: al final de 2016, los préstamos en mora representaban menos del 1% de la cartera total préstamos, y el coeficiente de suficiencia de capital era de 13,5% de los activos ponderados por riesgo.

Se espera que el crecimiento del PIB se modere hasta situarse en su nivel potencial. La proyección de crecimiento del PIB real para 2017 es de 4,5%, mientras que se espera que la inflación permanezca anclada por el régimen de deslizamiento cambiario

en torno al 6%. Según las proyecciones, el déficit del sector público consolidado se moderará ligeramente hasta situarse en torno al 2,3% del PIB, lo cual implica mantener una orientación fiscal neutra, acorde con el ancla fiscal de las autoridades económicas. Se estima que el saldo en cuenta corriente se mantendrá estable en torno al 8,5% del PIB.

Evaluación del Directorio Ejecutivo

Al concluir la Consulta del Artículo IV de 2017 con Nicaragua, los directores ejecutivos avalaron la evaluación del personal técnico en los siguientes términos:

La orientación fiscal es en general adecuada para mantener la estabilidad macroeconómica a corto plazo, pero es necesario contar con reservas fiscales para afrontar riesgos. Es probable que la necesidad de financiar los crecientes déficits del INSS y de asumir el control de algunos programas sociales financiados actualmente a través de la cooperación con Venezuela intensifiquen las presiones sobre el gasto en los próximos años. Además, de aprobarse la ley NICA en Estados Unidos, sus posibles efectos sobre las finanzas públicas podrían ser de envergadura, siempre y cuando ésta afecte al crecimiento y la inversión, así como a las tasas de interés de la deuda pública. El personal técnico recomienda una consolidación fiscal del 1,6% del PIB, ejecutada en dos años, para mantener la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Esto se podría lograr principalmente racionalizando los subsidios y el gasto tributario, en particular las exenciones del IVA.

La reforma del sistema de seguridad social es prioritaria. Las reservas líquidas del INSS se agotarán de aquí a 2019, lo cual podría obligar a aumentar las transferencias públicas para financiar las prestaciones de jubilación y de salud. Es necesario intervenir con urgencia y aplicar gradualmente, en la medida de lo posible, una combinación de medidas para mejorar la sostenibilidad.

A mediano plazo, la política fiscal debería apuntar a mejorar la resistencia y fortaleza frente a posibles shocks externos. Dados los riesgos derivados de los efectos de contagio de las políticas estadounidenses, así como la vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres, la política fiscal debería procurar ser más contracíclica. Un mejor seguimiento de los riesgos fiscales ayudaría a las autoridades a calibrar de forma adecuada la posición fiscal. En este sentido, las iniciativas encaminadas a mejorar la supervisión de las empresas estatales suponen un gran paso adelante.

Las reservas externas y las reservas financieras deberían reforzarse. El efecto combinado de la reducción del financiamiento proveniente de instituciones financieras internacionales, en caso de que se apruebe la Ley NICA, y de una cooperación de Venezuela cada vez menor, podría ejercer presiones sobre el mercado de divisas. Teniendo en cuenta el régimen cambiario, sería recomendable contar con una posición de reservas más sólida para alcanzar el rango de suficiencia sugerido por el FMI. Los bancos deberían reforzar aún más sus reservas de liquidez, capital y provisiones a fin de resguardar la estabilidad financiera de los posibles efectos de un deterioro de la calidad de los activos, una subida de las tasas de interés y una caída de las remesas.

Las autoridades deberían subsanar las deficiencias en el perímetro de supervisión. Todas las entidades de depósito, así como las entidades no-bancarias de importancia sistémica, deberían estar sujetas a una supervisión basada en riesgos efectiva y un seguimiento de las medidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se requieren iniciativas adicionales para reforzar la cooperación regional en materia de regulación financiera. Asimismo, la metodología de las pruebas de tensión debe mejorarse aún más, conforme a las mejores prácticas. El Banco Central de Nicaragua continúa publicando los estados financieros auditados, de conformidad con la Política sobre salvaguardias. Sin embargo, la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera sigue en curso.

Es importante fortalecer las herramientas de gestión de la liquidez para profundizar los mercados financieros. Los esfuerzos destinados a afianzar la gestión de la liquidez a corto plazo deben proseguir, centrando más la atención en la calibración, la selección de instrumentos y el seguimiento de la evolución de la liquidez. La introducción de una tasa de política monetaria a corto plazo y un corredor de referencia reducirá la volatilidad de la tasa de interés, permitirá la profundización de los mercados financieros y es posible que, a la larga, sirva para amortiguar shocks externos. La intensificación del efecto negativo de un shock externo sobre el producto, la competitividad y las exportaciones debe ponderarse detenidamente con respecto al ancla de estabilidad de precios que proporciona el régimen de tipo de cambio móvil.

Mejoras adicionales de la competitividad reducirían la vulnerabilidad frente a shocks externos y propiciarían una transformación estructural. Algunas de las medidas clave en este sentido consisten en mantener la inversión en infraestructura, fomentar el desarrollo del capital humano y eliminar los obstáculos relacionados con las aptitudes de la fuerza laboral.

Es necesario que las autoridades sigan mejorando la calidad de los datos y el alcance de las estadísticas macroeconómicas. Los avances recientes han sido significativos. No obstante, hay que redoblar esfuerzos para afianzar las estadísticas básicas, completar el cambio de base de las cuentas nacionales y mejorar la calidad de los datos mediante la aplicación de las metodologías de compilación del FMI.