Observaciones de las misiones

Estados Unidos de América : Consulta del Artículo IV; Declaración al final de la misión

22 de junio de 2016

La economía de Estados Unidos está, en general, en una buena situación. El año pasado se crearon 2,4 millones nuevos empleos y la tasa de desempleo ha descendido a 4,7%, el nivel más bajo desde las vísperas de la “Gran Recesión”. La inflación permanece contenida, y la economía estadounidense ha demostrado una y otra vez su capacidad de resistencia ante la volatilidad del mercado financiero, el fortalecimiento del dólar y la debilidad de la demanda mundial.

Pese a estos importantes logros, el crecimiento fuerte y sostenido de Estados Unidos enfrenta desafíos a más largo plazo que pueden ser significativos. Es preciso adoptar medidas concertadas de política, y cuanto antes mejor. El examen más reciente del FMI sobre la economía de Estados Unidos —la consulta del Artículo IV correspondiente a 2016— analiza estos desafíos en materia de política, centrando la atención en las causas y consecuencias de la menor participación en la fuerza laboral, la distribución cada vez más polarizada del ingreso, los altos niveles de pobreza y el flojo crecimiento de la productividad. El personal técnico del FMI recomienda las siguientes medidas de política para aliviar estas cuestiones de larga data relacionadas con la oferta :

• Incrementar la inversión estatal y federal en infraestructura.

• Adoptar una reforma integral de la inmigración basada en las aptitudes.

• Ampliar el crédito impositivo por ingreso del trabajo y elevar el salario mínimo federal.

• Mejorar los programas sociales para los desocupados pobres.

• Profundizar y mejorar las prestaciones familiares, incluida la licencia parental remunerada y la asistencia para el cuidado de niños.

• Aumentar el financiamiento para programas de capacitación, asociaciones vocacionales y educación inicial de primera infancia. Mejorar la eficacia del gasto en programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

• Introducir una reforma integral del impuesto sobre la renta de las empresas.

• Ratificar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, concluir un tratado de comercio e inversión con Europa y resistir toda modalidad de proteccionismo.

En la medida en que requieran recursos fiscales adicionales, estas medidas deben financiarse con nuevos recursos o mediante un reordenamiento de las prioridades de gasto, y deben ser coherentes con una trayectoria del déficit fiscal que garantice una disminución firme de la relación deuda pública/PIB.

1. En los últimos trimestres el crecimiento ha sufrido un revés temporal. Estados Unidos está en el séptimo año consecutivo de expansión. La tasa de desempleo ha disminuido a 4,7%, el patrimonio neto de los hogares está en un nivel cercando a los máximos observados antes de la crisis y la inflación permanece contenida. Sin embargo, los últimos trimestres se han caracterizado por una desaceleración que es atribuible a la continua contracción de la inversión en el sector energético, una inversión escasa en los sectores no energéticos distintos de los residenciales y el freno persistente proveniente de las exportaciones netas (relacionado con el crecimiento mundial más débil y la fortaleza del dólar de EE.UU.). Aunque es más difícil determinar factores causales próximos, cabe señalar que la demanda de consumo también se ha desacelerado. No obstante, el ingreso disponible real de los hogares está creciendo a un ritmo de 3%, el mercado inmobiliario parece sólido y los balances tanto de los hogares como de las empresas están en general en buena situación (gracias a tasas de interés excepcionalmente bajas). Al hacer un balance de estas diversas fuerzas, se pronostican tasas de crecimiento de 2,2% en 2016 y 2,5% en 2017. Se prevé que la brecha del producto se habrá cerrado para finales de 2017 y que la inflación del gasto de consumo personal aumentará lentamente hacia 2%. Con el tipo de cambio efectivo real en sus niveles 2.
actuales, se prevé que para 2020 el déficit en cuenta corriente aumente a 4% del PIB, lo cual apunta a una sobrevaluación del dólar de EE.UU. de 10%–20%.

3. Las perspectivas de crecimiento están expuestas a riesgos en ambas direcciones. El informe más reciente sobre el empleo siembra la inquietud de que el crecimiento de Estados Unidos podría estar perdiendo ímpetu. Pero los datos sobre empleo por lo general son un indicador rezagado; de hecho, los indicadores de alta frecuencia ya apuntan a una reaceleración de la actividad en el segundo trimestre. De ahora en adelante, el dólar de EE.UU. representa un riesgo simétrico para el crecimiento, y el petróleo presenta riesgos al alza, tanto por un efecto rezagado sobre el consumo (en vista del aumento de la tasa de ahorro) como por una disminución del lastre proveniente de la inversión relacionada con el petróleo. Sin embargo, no están del todo claras las razones de la desaceleración de la inversión empresarial no petrolera, y es posible que dicha desaceleración siga empañando las perspectivas en los próximos trimestres. Los riesgos a la baja para el crecimiento mundial también pueden actuar como viento de frente. Un riesgo que resulta más complicado evaluar es la posibilidad de que las recientes cifras que indican un debilitamiento de la actividad en realidad obedezcan a una tasa de crecimiento potencial más baja y una brecha del producto más reducida de lo que se había estimado. De ser así, esto significaría que la economía estadounidense podría enfrentarse cada vez más a limitaciones de capacidad. Además, podría implicar que, con menos capacidad ociosa en la economía, a corto plazo podrían surgir presiones inflacionarias más pronunciadas, que harían necesario un aumento más contundente de las tasas de política monetaria, incluso en un entorno de crecimiento más débil. De materializarse, este riesgo podría tener importantes repercusiones negativas en la economía mundial debido al menor crecimiento de Estados Unidos y las tasas de interés más altas.

4. Pese a la expansión en curso, Estados Unidos se enfrenta a una confluencia de fuerzas que empañarán las perspectivas de mejoras continuas 5.
del bienestar económico. Una creciente proporción de la fuerza laboral de Estados Unidos está jubilándose, la infraestructura básica está en proceso de deterioro, los aumentos de la productividad son escasos y los mercados laborales y las empresas parecen estar menos dispuestas a reasignar el capital humano y físico. A estos crecientes vientos en contra se suman perniciosas tendencias seculares en materia de ingreso: la proporción del ingreso que le corresponde a la fuerza laboral se ha contraído alrededor de 5% en los últimos 15 años, el tamaño de la clase media es ahora el más pequeño de los últimos 30 años, la distribución del ingreso y la riqueza está cada vez más polarizada y ha aumentado la pobreza.

6.
Estas fuerzas seculares interactúan y se intensifican mutuamente. Los cambios demográficos está frenando el crecimiento potencial, demorando la renovación de los equipos de las empresas y deprimiendo el dinamismo de la fuerza de trabajo. El menor dinamismo del sector empresarial tiene el potencial de disminuir la innovación, agravar las pérdidas de empleos de ingreso medio y polarizar aún más la distribución del ingreso. La polarización del ingreso de por sí puede impedir que los hogares pobres realicen inversiones en educación que mejoran la productividad, disminuir la movilidad social, generar más inseguridad económica y limitar las perspectivas de consumo. Las causas y las interacciones de estas varias fuerzas son complejas y no están del todo claras. Pero lo que sí está claro es que estas tendencias están coincidiendo con una bien documentada disminución del crecimiento potencial (de más de 3% a comienzos de la década de 2000 a menos de 2% en la actualidad) que está observándose también en diversas economías avanzadas y de mercados emergentes. Si no se contienen, estas fuerzas seguirán frenando el crecimiento potencial y efectivo, enlenteciendo las mejoras en los niveles de vida y agravando la pobreza.

7.
La necesidad de abordar la pobreza es urgente. Según los datos más recientes, uno de cada siete estadounidenses vive en situación de pobreza, incluidos uno de cada cinco niños y uno de cada tres hogares encabezados por una mujer. Alrededor de 40% de los pobres trabajan. Un crédito impositivo por ingreso del trabajo (CIIT) más generoso (del que puedan beneficiarse los trabajadores sin cargas familiares, los menores de 25 años y los trabajadores de mayor edad que aún no tiene derecho a prestaciones de seguridad social) combinado con un aumento del salario mínimo federal ayudarían a aliviar la pobreza. Estas dos medidas serían muy complementarias. Las mejoras del CIIT pueden actuar conjuntamente con el salario mínimo para garantizar un aumento significativo de los ingresos después de impuestos para los hogares más pobres del país. La mejora de los programas sociales para apoyar a los desocupados también sería una medida positiva. Los esfuerzos para mejorar la educación primaria y secundaria, invertir en educación inicial de primera infancia, subsidiar los servicios de guardería infantil para las familias de bajo ingreso y ampliar el apoyo a la formación terciaria y vocacional en función de las necesidades pueden contribuir notablemente, dentro de un horizonte a más largo plazo, a reducir la persistencia de la pobreza intergeneracional.

8. La disminución de la participación en la fuerza laboral es una consecuencia inevitable del envejecimiento de la población, pero los efectos demográficos pueden ser mitigados. Las mejoras del CIIT, descritas anteriormente, ayudarán a incentivar el trabajo. Las siguientes medidas también serán importantes:

• Adoptar prestaciones familiares, en particular como un mecanismo de política para desacelerar la tendencia descendente de la participación femenina en la fuerza laboral. Esto incluiría proporcionar asistencia para el cuidado infantil en función del nivel de ingresos e introducir la licencia paternal remunerada conforme a las normas estipuladas en convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

•
Modificar el programa de seguro por discapacidad para incentivar a los beneficiarios a trabajar a tiempo parcial (en lugar de que abandonen la fuerza laboral).

• Por último, quizás el mayor efecto en la oferta de mano de obra provendría de un acuerdo en torno a una reforma de la inmigración basada en las aptitudes, que altere las tendencias demográficas subyacentes, que reduzca la tasa de dependencia y que incremente el nivel de capital humano en la fuerza laboral.

9. Será esencial elevar el crecimiento de la productividad y cerrar la brecha de aptitudes prácticas. Desde el auge registrado a finales de la década de 1990, la productividad total de los factores se ha enlentecido considerablemente. Parece tratarse de una tendencia mundial que no afecta únicamente a Estados Unidos. Pero aun así, las herramientas de política pública podrían promover la innovación y el progreso tecnológico, e incentivarían la generación de eficiencias en la actividad privada:

•
Ampliar la inversión en infraestructura. El stock de capital público está envejeciendo y ha estado disminuyendo como proporción del PIB desde hace algún tiempo. Se necesita urgentemente nueva inversión para mejorar la calidad y la fiabilidad de la infraestructura, particularmente en transporte terrestre. Esto ayudará a eliminar cuellos de botella y congestión e incrementará la productividad de la actividad privada. Los proyectos públicos para modernizar las tecnologías infraestructurales (por ejemplo, trenes de alta velocidad, puertos o telecomunicaciones) serían especialmente valiosos. Paralelamente, deben buscarse soluciones innovadoras para facilitar el financiamiento (tanto público como privado) de la infraestructura en Estados Unidos. Se estima que estas inversiones podrían tener un costo de aproximadamente 5%–8% del PIB en los próximos 10 años.

• Educación primaria y secundaria. Está claro que es necesario mejorar el gasto en educación para elevar los resultados educativos. Esto podría comprender dar prioridad al financiamiento para la educación inicial de primer infancia (incluido el financiamiento de educación preescolar universal) y apoyar programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

• Formación vocacional. Cerrar la brecha de aptitudes prácticas sería más fácil si el gobierno federal apoyara más la capacitación a nivel estatal y se diera una expansión de las alianzas entre los sectores industriales y las instituciones de educación superior para ofrecer pasantías y formación vocacional.

• Integración comercial. El libre intercambio de bienes y servicios ha sido una de las características del éxito económico de Estados Unidos. Nuevos acuerdos comerciales, como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), sirven para apuntalar y ampliar este principio ya que van más allá de la eliminación de las barreras arancelarias —que ya son bajas— y comprenden reglas sobre inversión, políticas sobre competencia, derechos de propiedad intelectual y regulaciones. Al preservar la igualdad de condiciones en sectores que aportarán crecimiento en el futuro, como los servicios, el TPP tiene el potencial de establecer una nueva norma y una nueva ruta para la cooperación económica internacional. Además, ayudaría a la economía estadounidense ya que aprovecharía la ventaja que tiene el país en el dinámico sector de los servicios transables. También será esencial resistir todas las modalidades de proteccionismo. La mayor integración comercial probablemente dará lugar a costos de transición, tanto en materia de empleo como de ingresos, y podría incidir en la polarización del ingreso. Deben •
tenerse en cuenta las consecuencias para los trabajadores estadounidenses afectados por el comercio y deben adoptarse iniciativas de políticas para mitigar los perjuicios a través de capacitación, apoyo temporal del ingreso y asistencia en la búsqueda de empleo, por ejemplo, mediante la activación del programa existente de asistencia para el ajuste a los efectos del comercio.

Dado que muchas de las políticas para estimular el crecimiento y abordar la pobreza incidirán en los presupuestos federales y estatales, sus costos deben estar previstos en un marco de déficit que sitúe a la deuda pública en una trayectoria descendente a mediano plazo.

10.
Las políticas fiscal y monetaria a corto plazo se han calibrado adecuadamente a las circunstancias económicas imperantes, pero las tendencias demográficas y las tasas de interés en alza provocarán mayores desequilibrios fiscales a mediano plazo. Por esta razón la deuda federal empezará a aumentar en 2019, y para 2022 se situará por encima del 80% del PIB. Lamentablemente, Estados Unidos sigue careciendo de un plan detallado de consolidación fiscal a mediano plazo que impida este nuevo aumento de la deuda pública. Un plan de ese tipo debería tener como meta un superávit primario del gobierno federal a mediano plazo de aproximadamente 1% del PIB (un superávit primario del gobierno general de aproximadamente ¾% del PIB). Para alcanzar esta meta y para crear el espacio necesario para las reformas en el lado de la oferta será necesario tomar medidas en múltiples frentes:

• Reforma tributaria. Una reforma integral del sistema tributario de Estados Unidos debe procurar eliminar las exenciones, simplificar el sistema, lograr un reequilibrio de los impuestos directos a los indirectos y reducir las tasas legales de los impuestos sobre la renta de personas y empresas. La reforma del impuesto sobre la renta de las empresas es muy necesaria y podría ayudar a reactivar el dinamismo de las empresas y la inversión. Además de la reducción de las tasas y una simplificación del gasto tributario de las empresas, deben reducirse las oportunidades de elusión fiscal haciendo más estrictas las reglas que evitan minimizar el ingreso imponible, mediante límites sobre las deducciones de intereses. En el caso de las inversiones en el exterior, el sistema del impuesto a las empresas de Estados Unidos debe adoptar un enfoque territorial pero imponer un impuesto mínimo a la renta vinculada a los ingresos de las empresas estadounidenses en el extranjero. También debe aplicarse un impuesto obligatorio al stock de ganancias obtenidas en el extranjero que no han sido repatriadas (con pagos diferidos a lo largo de varios años). En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, podría adoptarse una estructura más progresiva para ayudar a mitigar la polarización del ingreso y asistir a los trabajadores pobres. Por ejemplo, podrían limitarse las deducciones detalladas, incluidas las de los intereses hipotecarios, para disminuir las ventajas fiscales de los segmentos más acomodados. Por último, como se ha recomendado en consultas anteriores, deberían generarse ingresos adicionales mediante la introducción de un IVA a nivel federal y un impuesto de base amplia sobre el carbono, incluido un aumento del impuesto federal sobre la gasolina (qua ha sido de 18 centavos por galón desde 1993).

• Reforma de las pensiones. El agotamiento previsto del fondo fiduciario de la seguridad social exige que empiecen a tomarse medidas para reformar fundamentalmente el sistema de pensiones. Esto incluiría elevar el tope de ingreso para los aportes a la seguridad social, indexar las prestaciones y los aportes a un IPC encadenado, aumentar la edad de jubilación y hacer más progresiva la estructura de prestaciones.

• Contención de los costos del sistema de salud. Las reformas recientes coincidieron con una desaceleración de los costos y los aumentos de las primas. No obstante, se precisan más medidas para que los costos de atención de la salud se sitúen sosteniblemente en una trayectoria más baja. Esto podría lograrse mediante una mejor coordinación de los servicios para pacientes con enfermedades crónicas, una mayor coparticipación en los costos por parte de los beneficiarios, innovaciones en tecnologías que aporten eficiencia (por ejemplo, historiales médicos electrónicos, consultas médicas a distancia, tercerización internacional de ciertas funciones de diagnóstico) e incentivos que se basen menos en pagos por procedimientos y más en pagos por el logro de resultados específicos de salud. El aumento de las primas del seguro médico Medicare también ayudaría a abordar desequilibrios financieros en el sistema de salud con financiamiento público.

11. Deben tomarse medidas para evitar daños autoinfligidos derivados de futuros desacuerdos sobre la trayectoria de la política fiscal. Cualquier avance que pueda lograrse a favor del crecimiento con las medidas de la oferta que se han descrito podría disiparse fácilmente si se repiten las posturas políticas arriesgadas en torno a las asignaciones presupuestarias y el tope de la deuda. Las incertidumbres a corto plazo sin duda han disminuido con la aprobación de la Ley Bipartidista de Presupuesto de 2015, la Ley de protección de los ciudadanos frente a aumentos de los impuestos y la Ley para la rehabilitación del transporte terrestre. No obstante, será importante plantear soluciones institucionales más duraderas. Una posibilidad consistiría en reemplazar el tope de la deuda con un acuerdo bipartidista en torno a un objetivo fiscal a mediano plazo claro y sencillo (con una visión integrada de todas las funciones presupuestarias y metas numéricas para la deuda y el déficit). Otra posibilidad sería la introducción de un proceso legislativo que ajuste el tope de la deuda automáticamente, conforme a un acuerdo previo en torno a parámetros presupuestarios más amplios. También se podría pensar en adoptar de forma más permanente un ciclo presupuestario basado en niveles anuales de gasto acordados para un período de dos años (lo cual ayudaría a desvincular las decisiones presupuestarias del calendario electoral).

12. Obviamente, la política monetaria debe seguir dependiendo de los datos. En esta etapa del ciclo, hay razones de peso para ir elevando muy gradualmente la tasa de los fondos federales, teniendo en cuenta las tendencias desinflacionarias mundiales y cerciorándose durante el proceso de que la inflación salarial y de precios está en efecto conservando un ímpetu constante al alza. En vista de la probabilidad y la severidad de los riesgos a la baja en materia de inflación, el potencial de un descenso de las expectativas de inflación, el doble mandato de la Reserva Federal de lograr pleno empleo y estabilidad de precios y las asimetrías que plantea el límite inferior efectivo, la trayectoria de las tasas de política monetaria debería ofrecer un margen para rebasar leve y temporalmente el objetivo de inflación de la Reserva Federal y permitir que la inflación se aproxime desde arriba a la meta de 2% a mediano plazo. Esto proporcionaría un valioso seguro contra los riesgos de desinflación, de que las políticas experimenten un vuelco y de que la tasa de fondos federales retorne al nivel de cero. La Reserva Federal debe ser clara a la hora de comunicar sus intenciones y debe hacer hincapié en que en su objetivo de inflación a mediano plazo es simétrico y que la inflación bien podría aproximarse a su meta desde arriba. Si se observa que la inflación de salarios o precios está avanzando a un ritmo más rápido que el previsto en los actuales pronósticos del personal técnico, el cronograma de alzas de las tasa de interés debería adelantarse.

13. Las reformas regulatorias, la mejora de las prácticas de gestión de riesgos y la reforma de las prácticas empresariales han afianzado el sistema bancario de Estados Unidos. Sin embargo, un pequeño número de bancos no sistémicos con carteras fuertemente concentradas en sectores que atraviesan dificultades (en particular energía y minería) probablemente sufrirán mayores pérdidas crediticias. Además, un potencial empeoramiento de la calidad crediticia de los préstamos para la compra de automóviles e inmuebles comerciales podría suponer un aumento más generalizado de las necesidades de constitución de provisiones. Sin embargo, en términos generales estos inconvenientes representan focos de vulnerabilidad pero es poco probable que tengan repercusiones sistémicas.

14. La actividad de intermediación continúa migrando de los bancos a las instituciones no bancarias, y esta tendencia probablemente continuará a medida que aumenten las tasas de política monetaria. Por ejemplo, la originación y el servicio de las hipotecas son actividades que en gran medida se han trasladado de los balances de los bancos a entidades especializadas que venden los préstamos para su posterior securitización por parte de organismos semipúblicos. A medida que evolucione la estructura del sector de financiamiento de la vivienda, será necesario examinar detenidamente los riesgos conexos. Muchas de las recomendaciones de política para este y otros segmentos del sistema no bancario que se efectuaron durante el Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2015 siguen siendo pertinentes hoy en día. Pero hay dos aspectos que merece la pena reiterar:

• Administradores de activos. Para analizar adecuadamente la evolución de las interconexiones, exposiciones y potenciales acumulaciones de riesgos entre los administradores de activos, sería muy útil que se aceleren las labores para elaborar un panorama más completo y transparente de los datos del sector de la gestión de activos. Este proceso debería ir de la mano de una iniciativa estructurada para poner en práctica programas integrales de pruebas de tensión para el sector de la gestión de activos, centrados en los riesgos de liquidez y contraparte.

• El sector de los seguros de vida. La falta de normas nacionales armonizadas o de una supervisión consolidada significa que cualquier evaluación de los riesgos en el sector de seguros es inevitablemente tentativa e incompleta. Se necesita un enfoque coordinado y coherente a nivel nacional para la regulación (en particular para los requisitos de valoración y solvencia), la supervisión y las pruebas de tensión, en el que la vigilancia regulatoria ha de delegarse en un organismo independiente que cuente con un mandato nacional, independencia operativa, facultades apropiadas y obligación de rendición de cuentas. En el caso de las instituciones designadas, deberían implementarse sin demora normas prudenciales reforzadas.

15. Es necesario preservar las mejoras logradas en materia de vigilancia financiera. En los últimos años se ha adoptado una serie de medidas firmes para reducir la posibilidad de que surjan riesgos para la estabilidad financiera; medidas tales como requisitos reforzados de capital y liquidez, normas más estrictas para la evaluación de la solvencia en el sector de la vivienda, mayor transparencia para mitigar los riesgos de contraparte y límites sobre la operaciones por cuenta propia. Las disposiciones de la ley Dodd-Frank han incentivado la intensidad de la supervisión, que ahora se enfoca más en los planes de capital, las pruebas de tensión y la gestión de gobierno de los bancos. El proceso de análisis y revisión integral del capital de la Reserva Federal (CCAR por sus siglas en inglés) ha demostrado ser especialmente valioso. No obstante, ocho años después del inicio de la crisis financiera, es evidente que el respaldo político a la reforma del sistema financiero ha menguado y existe el peligro de que se estanquen o se reviertan los vitales avances logrados. Desde luego, es natural que deban recalibrarse ciertos aspectos del sistema de supervisión a medida que se observe el efecto práctico de los cambios. No obstante, será importante oponerse a cualquier esfuerzo sistemático o de base amplio que pretenda diluir las disposiciones de la ley Dodd-Frank.

16. El retiro de las relaciones de corresponsalía bancaria ha dado lugar a posibles riesgos de contagio para algunos países, en particular los que no pueden obtener otras vinculaciones financieras oportunamente. Al igual que en otras jurisdicciones, varios bancos estadounidenses con operaciones a escala mundial han estado reduciendo sus relaciones de corresponsalía bancaria con contrapartes en diversos países. Este fenómeno podría obedecer a una confluencia de factores, tales como deficiencias en los marcos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) en los países beneficiarios, un escrutinio supervisor más estricto, el cambiante entorno económico mundial, preocupaciones acerca de la rentabilidad, márgenes escasos en los servicios de corresponsalía bancaria, cambios en los requerimientos de liquidez y de capital, un reordenamiento más general de los modelos de negocio de los bancos, una insuficiente claridad regulatoria, preocupaciones acerca de la reputación de los bancos, posibles conflictos en las regulaciones (por ejemplo, con leyes de confidencialidad de los datos) y el efecto de las economías de escala en el ámbito del cumplimiento. El cumplimiento de las normas internacionales sobre ALD/LFT y el intercambio de información tributaria ayudarían a aliviar las preocupaciones acerca de la suficiencia de los controles en las instituciones beneficiarias. En Estados Unidos, el marco jurídico para las sanciones, el régimen ALD/LFT y el intercambio de información tributaria aparentemente se aplica de forma proporcional con la gravedad de la infracción. Sin embargo, los reguladores deben seguir dedicando esfuerzos a las consultas y la aclaración continua de las expectativas en materia de regulación. El enfoque regulatorio basado en los riesgos debe procurar brindar mayor claridad, pero no debe reinar la expectativa de que los organismos reguladores y de cumplimiento estén en condiciones de ofrecer certeza o disposiciones de protección o “safe harbor”. Estados Unidos debe seguir procurando ayudar a los países beneficiarios a fortalecer sus capacidades y debe trabajar con otras jurisdicciones para promover soluciones globales y bilaterales ante los impedimentos de confidencialidad de los datos. Sería conveniente estudiar mecanismos que permitan a los intermediarios financieros de Estados Unidos reducir los costos fijos de cumplimiento y gestión de riesgos mediante la mancomunación de recursos y el aprovechamiento de las economías de escala (por ejemplo, el uso de servicios especializados de transferencia y compensación, la construcción de plataformas comunes y el intercambio de información sobre clientes). Quizá también exista margen para que los bancos estadounidenses modifiquen más la valoración del riesgo de los servicios de corresponsalía con el fin de incorporar los costos de cumplimiento en sus estructuras tarifarias y mejorar la eficiencia del perfil riesgo-rendimiento.

17. Se necesita una solución más estructurada, uniforme y completa para el problema actual de falta de transparencia en cuanto a los beneficiarios efectivos en Estados Unidos. Dado que son los estados los que rigen los registros de las empresas y los fideicomisos en virtud de diversos reglamentos, se necesitará una ley federal para facilitar el acceso de los organismos regulatorios y encargados del cumplimiento de la ley a la información sobre los beneficiarios efectivos.