La adaptación a las nuevas condiciones climáticas al tiempo que se intensifican los esfuerzos de mitigación exigirá importantes transformaciones estructurales en la región.
Las temperaturas más altas, los eventos meteorológicos extremos y la dependencia de sectores sensibles al clima, como el turismo y la agricultura, son solo algunos de los desafíos a los que se enfrenta la región de América Latina y el Caribe (ALC). En una región tan diversa, el cambio climático afecta a los países de manera diferente, y plantea una serie de retos tan variados como los propios países.
Pero el cambio climático también presenta oportunidades. La transición climática podría ayudar a estimular el crecimiento y a generar nuevos trabajos, apoyando al mismo tiempo la recuperación tras la pandemia y mejorando los resultados en salud. En algunos países de ALC, la transición será más fácil gracias a las dotaciones naturales de metales «verdes», como cobre, níquel y litio.
En nuestro informe más reciente de Perspectivas económicas: Las Américas analizamos las opciones de política a las que se puede recurrir para aprovechar al máximo estas oportunidades. La combinación ideal de políticas dependerá de los desafíos y las circunstancias de cada país.
Opciones de política para la mitigación climática
Las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) de la región concuerdan con su tamaño económico y población, alrededor del 8 por ciento del total mundial. Pero la composición de las emisiones en ALC es muy diferente que la de otras regiones.
El sector energético contribuye mucho menos a las emisiones totales en ALC (43 por ciento) en comparación con la media mundial (74 por ciento). La agricultura, en cambio, contribuye 25 por ciento, frente a una media mundial de 13 por ciento. El uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) contribuyen 19 por ciento, mucho más que la media mundial apenas superior a 1 por ciento.
Dada la importante proporción de emisiones provenientes de UTCUTS, y en vista de sus abundantes y singulares ecosistemas y especies, la región tiene el potencial de reducir las emisiones netas de forma eficaz en función de los costos. De hecho, las simulaciones de modelo de Huppmann et al. hacen pensar que, a escala mundial, compensar a los países de ALC por proteger, gestionar y restaurar ecosistemas quizá resulte más eficaz en función de los costos que dedicar esos mismos recursos a intensificar los esfuerzos de mitigación en otros lugares.
Para alcanzar sus metas de mitigación del cambio climático, las autoridades de la región deberán adoptar una estrategia polifacética, centrada en aumentar la eficiencia energética y el uso de la energía renovable, en reducir las emisiones del transporte y la agricultura y en restaurar y proteger los bosques (que son sumideros naturales de carbono).
Un conjunto de medidas de políticas para alcanzar estas metas de mitigación climática podría incluir i) medidas de mitigación basadas en precios, como reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, introducción de impuestos al carbono, adopción de sistemas de intercambio de derechos de emisión o creación de un sistema de reembolso de aranceles (feebates); y ii) medidas de mitigación no basadas en precios, como inversión pública en tecnologías e infraestructura de bajas emisiones de carbono, incentivos fiscales y regulaciones de apoyo.
La eliminación gradual de los subsidios a la energía y la introducción de impuestos universales al carbono de hasta USD 75 por tonelada podrían ayudar a algunos países de ALC a alcanzar sus metas fijadas en el Acuerdo de París de 2016. Los ingresos generados por estas políticas son de entre ½ por ciento y 4½ por ciento del PIB, y podrían usarse para compensar a hogares vulnerables por el aumento de los precios del carbono. De hecho, nuestro análisis indica que las transferencias monetarias universales pueden compensar por completo el impacto negativo en los primeros seis a siete deciles de consumo per cápita de los hogares en Argentina, Brasil, Colombia y México.
Reforzar la adaptación
Los desastres relacionados con el clima pueden costar miles de millones. Para reducir los costos económicos se necesitarán importantes inversiones para desarrollar resiliencia, sobre todo en infraestructura.
Estimamos que las inversiones en resiliencia estructural pueden elevar el nivel del PIB a largo plazo entre 2 por ciento y 6 por ciento en las islas del Caribe, y entre 0,2 por ciento y 1,4 por ciento en los países de América Central. Por otro lado, el nivel de producto sería, en promedio, alrededor de ¼ por ciento superior tres años después de producirse un desastre natural en el Caribe, mientras que en los países de América Central el aumento sería del 0,1 por ciento, una vez que se haya alcanzado la resiliencia. Se estima que el nivel de deuda pública disminuiría ¾ de punto porcentual al cabo de tres años en el Caribe, y en torno a ¼ de punto porcentual en América Central.
Pero como desarrollar resiliencia estructural toma tiempo, es posible que los países también tengan que apuntalar su resiliencia financiera mediante seguros.
Se estima que una cobertura de seguro de 15–30 por ciento del PIB para los países del Caribe y de 10–20 por ciento del PIB para América Central, Panamá y la República Dominicana podría cubrir el 99 por ciento de los costos fiscales relacionados con desastre naturales. Este cálculo se basa en un marco de seguros que incluye la constitución de un fondo de ahorro público precautorio, acceso al Fondo de seguros contra riesgos de catástrofe para el Caribe y la emisión de bonos supeditados a una situación futura. Esto podría costar a los países entre 0,5–2 por ciento del PIB por año.
Los países tendrán que ser innovadores a la hora de definir cómo financiar los costos iniciales de la resiliencia. Las contribuciones más sustanciales del sector privado a las inversiones en adaptación podrían ser útiles, y pueden verse facilitadas por políticas que mejoren el acceso a los servicios financieros y la resiliencia al riesgo climático de los sistemas financieros de los países.
El costo
Se estima que lograr las metas de mitigación y adaptación climáticas de los países de ALC le costará a toda la región entre USD 90.000 millones y USD 110.000 millones por año. Estas estimaciones están sujetas a un alto grado de incertidumbre. Pero aun así, dado que la mayoría de los países no estarán en condiciones de cubrir estos costos, el financiamiento externo —proveniente de los sectores oficial y privado— será esencial.
Por el lado privado, los mercados de deuda y capital vinculados a la sostenibilidad podrían respaldar los esfuerzos de mitigación y adaptación climática, pero se deben tomar medidas para evitar el «blanqueo ecológico». Los instrumentos supeditados a una situación futura, como los bonos para catástrofes y los canjes de deuda por protección ambiental, también podrían ayudar. No obstante, el financiamiento del sector privado no será suficiente, y el apoyo bilateral y multilateral —en condiciones concesionarias y mediante donaciones a los países más vulnerables— será crucial.
