(foto: Myshlovsky/iStock by Getty Images)[/caption]
Por el personal técnico del FMI
Si no se actúa, el cambio climático supondrá un costo económico y humano potencialmente catastrófico; pero todavía no es demasiado tarde para cambiar el rumbo.
Debido a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero que retienen el calor, la temperatura mundial ha aumentado aproximadamente 1 °C desde la era preindustrial. A menos que se actúe con decisión para frenar las emisiones de estos gases, la temperatura mundial podría aumentar entre 2 °C y 5 °C adicionales de aquí a final de este siglo. Mantener las temperaturas en niveles que los científicos consideran seguros exige reducir las emisiones netas de carbono a escala mundial a cero de aquí a mediados de siglo.
En el último informe WEO, afirmamos que las herramientas de política económica pueden preparar el camino para lograr emisiones netas cero de aquí a 2050, aun cuando el mundo intenta recuperarse de la crisis de COVID-19. Mostramos que estas políticas pueden aplicarse de forma que respalden el crecimiento económico, el empleo y la igualdad de ingresos.
Los costos razonables de la mitigación
Las políticas económicas pueden contribuir a abordar el cambio climático a través de dos vías principales: sus efectos sobre la composición de la energía (fuentes de bajas emisiones frente a fuentes de altas emisiones) y su influencia sobre el uso total de energía. Los costos y los beneficios de las distintas políticas se determinan en función de cómo explotan estas dos vías distintas.
Por ejemplo, un impuesto sobre el carbono encarece los combustibles contaminantes, lo que incentiva a los consumidores de energía a consumir combustibles más verdes. El consumo total de energía también disminuye ya que, en general, la energía es más cara.
Por otro lado, las políticas cuyo objetivo es abaratar la energía verde y aumentar su disponibilidad (subsidios o inversión pública directa en energía verde) incrementan el porcentaje de energía de bajas emisiones. Sin embargo, al abaratar la energía en su conjunto, los subsidios a la energía verde estimulan la demanda total de energía o, al menos, no la reducen.
En consonancia con este razonamiento intuitivo, nuestro análisis más reciente sugiere que vincular los impuestos sobre el carbono a políticas que amortigüen el impacto sobre los costos de la energía de los consumidores puede lograr rápidas reducciones de emisiones sin grandes impactos negativos sobre el producto y el empleo. Inicialmente, los países deberían optar por un estímulo a las inversiones verdes: inversiones en transporte público limpio, redes eléctricas inteligentes que incorporen energías renovables en la producción de electricidad y el acondicionamiento de edificios para que mejoren su eficiencia energética. Un impulso de este tipo a las infraestructuras verdes lograría dos objetivos.
En primer lugar, estimularía el PIB mundial y el empleo en los primeros años de la recuperación de la crisis de la COVID-19. En segundo lugar, las infraestructuras verdes aumentarían la productividad de los sectores con bajas emisiones de carbono, lo que incentivaría al sector privado a invertir en estos sectores y facilitaría la adaptación al aumento de los precios del carbono. Nuestro análisis de escenarios, basado en un modelo, sugiere que una estrategia integral de política económica para mitigar el cambio climático estimularía el PIB mundial durante los primeros 15 años de la recuperación, en promedio, aproximadamente un 0,7% del PIB mundial, así como el empleo durante la mitad de dicho período, dando lugar a aproximadamente 12 millones de nuevas personas en situación de empleo a nivel mundial. A medida que se afiance la recuperación, aumentar los precios del carbono, de forma gradual y con un anuncio previo, será una herramienta importante para lograr la necesaria reducción de las emisiones de carbono.
De implementarse, un programa de políticas de este tipo, que reduzca las emisiones y limite el cambio climático, situaría a la economía mundial en una trayectoria sostenible. El efecto neto reduciría aproximadamente a la mitad la pérdida esperada de producto derivada del cambio climático y generaría aumentos a largo plazo del PIB real muy por encima de su trayectoria actual a partir de 2050.
Los costos de la transición
Pese a los beneficios a largo plazo y al impulso inicial a la actividad económica, estas políticas imponen costos que acompañan a la transición. Entre 2037 y 2050, la estrategia de mitigación contendría el PIB mundial aproximadamente un 0,7% anual en promedio y 1,1% en 2050, en relación con una situación sin cambios en las políticas. Sin embargo, estos costos parecen razonables si se considera que la proyección de crecimiento del producto mundial de ahora a 2050 es del 120%. El freno sobre el producto podría reducirse aún más si las políticas climáticas incentivan desarrollos tecnológicos en tecnologías limpias, por ejemplo, mediante subsidios a la I+D. Además, si se tienen en cuenta los importantes beneficios en forma de mejores resultados sanitarios (debido a la reducción de la contaminación) o de menor congestión del tráfico, el conjunto de medidas tendría un impacto neutral sobre el producto durante ese período.
Los costos de la transición en términos del producto que se asocian al conjunto de medidas de política varían significativamente según el país. Algunas economías avanzadas podrían experimentar costos económicos menores, o incluso beneficios, a lo largo de la transición. Dadas sus inversiones más tempranas en energías renovables, estas economías pueden aumentar con mayor facilidad su uso y evitar grandes costos de ajuste. Los países con un crecimiento rápido de la economía o la población (en especial, India) y la mayoría de los productores de petróleo experimentarán mayores costos económicos al renunciar a formas baratas de energía, como el carbón o el petróleo. Aun así, estos costos en términos del producto son bajos para la mayoría de los países y deben sopesarse en función de los daños provocados por el cambio climático que se logran evitar y los beneficios en términos e salud derivados de la reducción del uso de combustibles fósiles.
Reducir la carga
Los hogares de bajos ingresos tienen más probabilidades de resultar perjudicados por la fijación de precios del carbono, ya que dedican un porcentaje relativamente alto de sus ingresos a energía y tienen más posibilidades de trabajar en el sector del transporte o la industria manufacturera con altas emisiones de carbono. Los gobiernos pueden hacer uso de distintas políticas para limitar el impacto negativo del aumento de los precios del carbono sobre los hogares.
En primer lugar, pueden devolver en su totalidad o parcialmente los ingresos procedentes del carbono a través de transferencias monetarias. Por ejemplo, nuestro estudio concluye que para proteger totalmente el consumo de los hogares del 40% inferior de la distribución del ingreso, el gobierno estadounidense tendría que transferir el 55% de los ingresos derivados de la fijación de precios del carbono, mientras que el gobierno chino tendría que transferir el 40%.
En segundo lugar, el aumento del gasto público —por ejemplo, en infraestructuras públicas limpias— podría crear nuevos empleos en sectores de bajas emisiones, que suelen ser intensivos en mano de obra, y compensar las pérdidas de empleos en sectores con altas emisiones de carbono. El readiestramiento de los trabajadores también contribuirá a suavizar las transiciones laborales a sectores con bajas emisiones.
Los gobiernos deben moverse con rapidez para garantizar una transición justa y que favorezca el crecimiento.
Basado en el capítulo 3 del informe WEO, “La mitigación del cambio climático: Estrategias que favorecen la distribución y el crecimiento”, por Philip Barrett, Christian Bogmans, Benjamin Carton, Oya Celasun, Johannes Eugster, Florence Jaumotte, Adil Mohommad, Evgenia Pugacheva, Marina M. Tavares y Simon Voigts.
