(Versión en English)
Costa Rica ha sido un ejemplo de progreso social y un líder en la atracción de inversión extranjera en Centroamérica. Con la aplicación de adecuadas políticas macroeconómicas, Costa Rica se recuperó rápidamente de la crisis financiera mundial y ahora disfruta de un sólido crecimiento y un bajo nivel de inflación, en contraste con la inflación de dos dígitos observada en los 30 años anteriores.
Sin embargo, el elevado déficit fiscal está erosionando los avances económicos y sociales de Costa Rica. Este elevado déficit, que alcanzó casi el 6% del PIB en los últimos dos años, de mantenerse aumentaría rápidamente la deuda pública en los próximos años. Por lo tanto, una corrección fiscal es necesaria y cualquier retraso perjudicaría seriamente la estabilidad futura de la economía y menoscabaría los logros sociales hasta ahora alcanzados por Costa Rica.
Como se señala en nuestro reciente informe sobre Costa Rica, las autoridades acertadamente están poniendo en marcha un ambicioso programa de ajuste fiscal. Pero su adopción no será fácil, debido a que las condiciones financieras externas se volverán más restrictivas y dada la necesidad de lograr rápidamente el respaldo de la sociedad costarricense. Además, el ajuste fiscal no será suficiente para superar otros desafíos. Costa Rica necesita anclar firmemente su bajo nivel de inflación, reducir la vulnerabilidad a los riesgos financieros y mejorar la productividad. Por lo tanto, también se necesitan políticas complementarias para reducir los riesgos a la estabilidad macroeconómica y estimular el crecimiento incluyente.
Nubarrones en el horizonte
Las perspectivas de la economía costarricense para los próximos cinco años son favorables. Se prevé que el crecimiento aumente del 3½% en 2015 a más del 4¼%, en promedio, en los próximos cuatro años, debido principalmente a la sólida recuperación económica en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se proyecta que la inflación se mantenga baja (4%). Según las proyecciones, el déficit de la cuenta corriente externa seguirá siendo elevado (casi 5% del PIB), aunque se prevé que este se financie en parte con inversión extranjera directa.
Pero el deterioro de la situación fiscal esta empañando estas perspectivas. Nuestra proyección base supone que el gobierno adoptará las medidas fiscales que están en una etapa avanzada de elaboración pero aún no se han implementado (equivalentes al 2¼% del PIB). Si bien estas medidas compensarán el aumento previsto del gasto en educación, el déficit fiscal seguirá siendo elevado (del 5½% del PIB) y la deuda pública seguirá creciendo (y se ubicará por encima del 50% en 2019). Pero si estas medidas no se implementan, por ejemplo debido a la oposición política, el nivel de deuda pública podría llegar a ser mucho mayor (63% del PIB en 2019).
Estas consideraciones subrayan la necesidad de reducir el déficit fiscal, mucho más de lo que ya está contemplado en nuestra proyección base. Si no se reduce el desbalance fiscal, se corre el riesgo de enfrentar un cambio repentino en la confianza de los inversionistas y que cause un ajuste macroeconómico desordenado en años venideros.
Es hora de ajustar el cinturón fiscal
La consolidación fiscal es esencial no solo para reducir estos riesgos macroeconómicos, sino también para seguir frenando la inflación y reducir el déficit de la cuenta corriente externa. En nuestro informe, estimamos que una corrección fiscal del 3¾% del PIB, es decir un 1½% del PIB más de lo previsto en nuestra proyección base —con una tercera parte de esta corrección adoptada en 2015, seguida de ajustes graduales adicionales en los próximos cuatro años— reduciría y estabilizaría la deuda pública en 44% del PIB. Este ritmo gradual de ajuste también serviría para limitar el impacto en el crecimiento y el empleo. Además de este ajuste, lograr el equilibrio financiero del sistema de pensiones en años posteriores permitiría completar el proceso de consolidación fiscal.
Con respecto a la composición del ajuste fiscal, consideramos que dos terceras partes del esfuerzo fiscal deberían concentrarse en fortalecer el ingreso, lo que alinearía la recaudación tributaria de Costa Rica con la de otras economías emergentes. Esto puede lograrse avanzando con el plan de ampliar la base tributaria y eliminar las exenciones. Estas medidas deberán reforzarse además, con un aumento de las tasas de los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta de las personas físicas con mayores ingresos, pero asegurándose de que estén protegidos los hogares más pobres y más vulnerables de la sociedad costarricense. Del lado del gasto, el ahorro debería provenir principalmente del mayor control de la masa salarial y de las transferencias, permitiendo al mismo tiempo aumentos de la inversión prioritaria que apoyen el crecimiento.
El plan de las autoridades, el cual apoyamos, concuerda con nuestro análisis en materia de política económica con respecto al tamaño, el ritmo y la composición del ajuste fiscal. Pero la mayoría de las medidas necesarias para reducir el déficit requieren de la aprobación de la asamblea nacional, donde el apoyo al actual gobierno carece de mayoría. Esto no será fácil. Por lo tanto, el gobierno deberá invertir su capital político para lograr la cooperación de todos los partidos políticos, y convencer a los sindicatos y a otros grupos de la sociedad de que acepten algunos sacrificios. Existe un amplio consenso en Costa Rica en que la sostenibilidad fiscal es el eje central de la estabilidad y el crecimiento. Y el gobierno debería aprovechar este consenso.
Lograr un crecimiento más incluyente
El crecimiento potencial de Costa Rica se ha mantenido históricamente cerca del 4¼% anual, pero se ha desacelerado en años recientes. En nuestro informe se destacan los principales ingredientes de política económica para hacer frente a los riesgos, impulsar el crecimiento potencial y reducir la desigualdad del ingreso.
En primer lugar, además de reducir el déficit fiscal a niveles sostenibles, es necesario reforzar el marco de política económica para mitigar los riesgos. En particular, es preciso concluir la transición hacia el régimen de metas de inflación, lo que ayudará a anclar el bajo nivel de inflación. Una mayor flexibilidad del tipo de cambio es un elemento importante de esta transición, y además reduciría los riesgos derivados de las operaciones sin cobertura asociados con la dolarización financiera. Asimismo, es necesario fortalecer la supervisión bancaria transfronteriza para hacer frente a los riesgos de contagio relacionados con la creciente interconexión financiera dentro de la región.
En segundo lugar, las reformas estructurales son esenciales para estimular la productividad y mejorar la competitividad. Medidas para reducir los costos de la energía, simplificar los trámites burocráticos y modernizar la infraestructura física mejorarán las ventajas competitivas de Costa Rica. Una mayor competencia en el sistema bancario también ayudará a fomentar la inclusión financiera. Además, es preciso promover una educación de alta calidad y mejorar la atención infantil a fin de incrementar la participación de la mujer en la fuerza laboral. Estas medidas serán esenciales para elevar el crecimiento, frenar la informalidad y reducir aún más la desigualdad del ingreso.
Ante la ausencia en el congreso de un apoyo mayoritario al gobierno, el amplio respaldo de la sociedad costarricense será crucial para lograr el éxito de la agenda del país en cuanto a la consolidación fiscal y el crecimiento incluyente. Este respaldo es necesario para que Costa Rica mantenga su deuda pública en niveles más seguros y continúe mejorando el nivel de vida de toda la nación a través de un mayor crecimiento.
