(Versión en Português)
La propiedad estatal de los bancos es todavía muy común en todo el mundo, a pesar del gran número de privatizaciones que tuvieron lugar en las últimas cuatro décadas, durante las cuales se ha reducido el papel del gobierno en la economía. En promedio, los bancos de propiedad estatal mantienen el 21% de los activos de los sistemas bancarios en todo el mundo. En los países de América Latina y el Caribe, la proporción controlada por bancos públicos representa en promedio alrededor del 15%, y en algunos casos esta proporción es muy elevada, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Uruguay y Costa Rica representa más del 40% (véase el gráfico 1).
Los bancos de propiedad estatal desempeñan tareas importantes en el sistema financiero: cumplen algunas funciones que no cubren los bancos privados, proporcionan financiamiento para proyectos que benefician al resto de la economía y proporcionan préstamos anticíclicos (otorgan más préstamos cuando la economía es débil). Sin embargo, los bancos públicos también tienden a responder a las necesidades de los gobiernos debido a que estos participan en su administración. La presencia del gobierno en el sistema bancario puede tener como efecto no deseado el debilitamiento de la disciplina fiscal al permitir al sector público acceso a financiamiento que no obtendría de otras fuentes.
En nuestro reciente estudio, utilizamos datos de panel de 123 países para investigar si una mayor presencia de bancos estatales en el sistema bancario está asociada con un mayor volumen de crédito al sector público, mayores déficits fiscales y deuda pública y desplazamiento del crédito al sector privado.
Relación con el desempeño fiscal
Evidencia descriptiva sugiere que cuanto mayor sea la participación del gobierno en el sistema bancario, mayor es también el nivel de crédito otorgado al sector público (véase el cuadro). Dado que los bancos de propiedad estatal pueden ayudarles a relajar sus restricciones de financiamiento, las entidades del sector público pueden tener acceso a recursos financieros que probablemente no estarían disponibles si el gobierno no fuera el propietario del banco o que solamente podrían obtenerse con un costo más elevado. Por lo anterior, los países donde los bancos de propiedad estatal tienen mayor presencia pueden mostrar un nivel de crédito al sector público relativamente mayor, así como mayores desequilibrios fiscales y mayores niveles de deuda pública. Además, puede observarse también que el financiamiento al sector privado es menor, lo que implica un cierto grado de desplazamiento del financiamiento al sector privado.
Nuestro análisis confirma que la disciplina fiscal parece ser más débil en aquellos países donde el gobierno tiene una participación importante en el sistema bancario. En particular, se puede identificar que un aumento de 1 punto porcentual en la proporción de activos de los bancos propiedad del gobierno en el sistema bancario está asociado con un incremento del crédito al sector público como porcentaje del total de activos de entre 0.4 y 0.5 puntos porcentuales.
El gráfico 2 muestra que la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe se sitúan a la derecha de la línea de 45 grados, lo cual indica que el sector público de estas economías obtiene más crédito del que implican los resultados promedio.
Nuestros resultados también sugieren que cada punto porcentual adicional en la proporción de activos bancarios correspondiente a bancos propiedad del gobierno está asociado con un aumento de la deuda pública de 0.2–0.3% del PIB, y con un aumento del déficit del sector público de 0.15% del PIB.
También hay evidencia que indica un desplazamiento del crédito al sector privado. Un incremento de la proporción de activos de los bancos propiedad del gobierno de 1 punto porcentual está asociado con una disminución de la proporción del crédito al sector privado (en relación con la proporción destinada al sector público) ligeramente superior a 0.5 de un punto porcentual.
Es esencial mantener un monitoreo estricto de las prácticas de crédito
Las autoridades económicas que tengan como objetivo mantener la disciplina fiscal deberán mejorar la gobernanza de los bancos propiedad del gobierno y su relación con las entidades del sector público. Desde la perspectiva de la formulación de políticas, los resultados obtenidos indican la necesidad de establecer condiciones objetivas para promover la disciplina fiscal. Es decir, además de examinar los aspectos relacionados con los ingresos y gastos fiscales, es necesario evaluar cuidadosamente las fuentes de financiamiento, especialmente si pueden convertirse en fuentes cautivas para las entidades públicas.
